El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad un amplio paquete de contratos de infraestructura vial que promete transformar la conectividad del país. Con el respaldo de los 128 diputados, el pleno autorizó la ejecución de 182 proyectos distribuidos en los 18 departamentos, con una inversión que ronda los 11,500 millones de lempiras.

La decisión faculta a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) a avanzar en las etapas de diseño, ejecución y supervisión de las obras, que incluyen tanto iniciativas de reciente planificación como proyectos que ya se encontraban en marcha desde ejercicios anteriores. El objetivo central es fortalecer la red vial y mejorar la movilidad a nivel nacional.

Durante la sesión, la viceministra Leana Martínez subrayó que el desarrollo de infraestructura debe mantenerse al margen de disputas partidarias. Aseguró que los contratos cuentan con el respaldo financiero necesario para garantizar su continuidad y el cumplimiento de los pagos correspondientes. “Las carreteras y obras públicas benefician a toda la población; no responden a colores políticos. Los recursos para obra y supervisión están asegurados”, expresó.

En cuanto al esquema financiero, se detalló que los proyectos serán cubiertos mediante una combinación de recursos estatales y financiamiento de organismos internacionales, lo que permitirá sostener el ritmo de ejecución y atender compromisos como estudios técnicos y consultorías especializadas.

Desde el Legislativo, el diputado Marco Midence destacó el impacto económico que tendrá la aprobación de los contratos, señalando que la iniciativa no solo mejorará la conectividad, sino que también impulsará la generación de empleos directos e indirectos y dinamizará las economías locales en distintas regiones del país.

Por su parte, el legislador Carlentón Dávila, del partido PINU, hizo énfasis en el carácter acumulativo de las obras y llamó a reconocer el trabajo institucional más allá de los gobiernos de turno. Indicó que varios proyectos tienen su origen en años anteriores y que corresponde al Congreso facilitar su ejecución. “Somos servidores públicos y hoy estamos habilitando que estas obras se concreten. No se trata de adjudicar méritos políticos, sino de responder a las necesidades de la población”, apuntó.

Dávila también mencionó que Francisco Morazán contará con una cartera importante de proyectos, lo cual ha generado expectativas positivas entre autoridades municipales y comunidades beneficiadas.

Aunque surgieron lecturas políticas sobre el origen de las iniciativas —con sectores del oficialismo atribuyéndolas al impulso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y voces opositoras recordando que algunas fueron estructuradas durante la administración anterior—, en el pleno predominó un consenso: la inversión en infraestructura debe asumirse como una política de Estado y no como un instrumento partidario.

La aprobación contempla trabajos de pavimentación, estudios técnicos y supervisión, acciones que buscan modernizar la infraestructura vial y fortalecer al sector construcción, considerado uno de los motores clave para la reactivación económica del país en los próximos años.