La reciente detención del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, junto con los generales retirados Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez, podría establecer un precedente legal significativo en Honduras.

Según el exfiscal general, Edmundo Orellana, este caso abre la puerta para que superiores jerárquicos sean imputados por los actos cometidos por sus subalternos.

«El Ministerio Público está planteando la responsabilidad jerárquica, imputando los hechos a los superiores independientemente de que no hayan sido ellos quienes dispararon,» explicó Orellana, refiriéndose a las acusaciones de homicidio y lesiones graves relacionadas con la muerte de Isy Obed Murillo durante las protestas de 2009.

Orellana destacó que, para formular estas imputaciones, la fiscalía debe contar con pruebas científicas que vinculen los disparos a elementos del ejército. Este enfoque podría sentar las bases para responsabilizar a jefes militares y policiales por los actos de sus tropas.

El exfiscal también criticó a los ministros del actual gobierno por emitir comentarios públicos que, según él, «contaminan y dañan la credibilidad del Ministerio Público.» Subrayó que la imparcialidad es clave para garantizar la confianza en el ente investigador y en los procesos judiciales.

Este caso no solo pone en el foco la actuación de altos mandos militares, sino que también podría redefinir la forma en que se imputa responsabilidad a líderes jerárquicos en futuros casos de violaciones a los derechos humanos.