La hondureña Carmen Mejía fue liberada en el estado de Texas, Estados Unidos, luego de que un tribunal anulara la condena que la mantuvo 22 años en prisión por un asesinato que no cometió.

La noticia fue confirmada por su abogada Vanessa Potkin, quien detalló que la mujer quedó en libertad tras la decisión de un juez del condado de Travis, que desestimó el caso en su contra.

La resolución judicial puso fin a un proceso que comenzó en 2003, cuando Mejía fue acusada por la muerte de un bebé de 10 meses que se encontraba bajo su cuidado.

El caso fue revisado después de que expertos analizaran nuevamente las evidencias y concluyeran que las lesiones del menor no correspondían a un acto intencional, sino a un accidente doméstico provocado por agua extremadamente caliente proveniente del calentador de la vivienda.

Los especialistas señalaron que el sistema de calentamiento del inmueble no contaba con mecanismos de seguridad para controlar la temperatura, lo que habría provocado el trágico incidente.

A raíz de estos hallazgos, un tribunal de apelaciones declaró inocente a Mejía a finales de enero, decisión que posteriormente permitió la anulación definitiva de su condena.

Tras recuperar su libertad, la mujer enfrentaba el riesgo de ser retenida por autoridades migratorias y posteriormente deportada a Honduras.

Esto se debe a una normativa que permite mantener detenidas por un período de 48 horas a personas solicitadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se define su situación migratoria.

No obstante, finalmente se confirmó que Mejía permanecerá en libertad y no será deportada.

Carmen Mejía llegó a Estados Unidos en 1995, huyendo de la pobreza y de un entorno familiar violento en Honduras.

Según organizaciones que apoyaron su defensa, al momento de su arresto contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) y permiso de trabajo.

Durante más de dos décadas en prisión, la mujer mantuvo la esperanza de demostrar su inocencia y reencontrarse con sus hijos, objetivo que finalmente pudo alcanzar tras la revisión judicial de su caso.

El proceso fue respaldado por la organización Innocence Project, dedicada a revisar condenas erróneas mediante el análisis de nuevas pruebas científicas y legales.