Un tribunal federal ordenó este martes detener las obras de construcción de un nuevo salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump en el ala este de la Casa Blanca, al considerar que el mandatario no cuenta con la autoridad legal necesaria para llevar adelante el proyecto sin el aval del Congreso.

La decisión fue adoptada por el juez Richard León, quien subrayó que, aunque el presidente administra la residencia oficial, esta condición no le otorga derechos de propiedad sobre el edificio. En su resolución, el magistrado sostuvo que la Constitución y las leyes vigentes no conceden al jefe del Ejecutivo la facultad de autorizar por sí solo una intervención de esta magnitud en un inmueble histórico.

Según el fallo, cualquier modificación estructural relevante en la Casa Blanca requiere la aprobación previa del Congreso, un paso que no se habría cumplido antes del inicio de las obras. El juez concluyó que la argumentación legal presentada por la Administración no respalda la autoridad reclamada por el presidente para avanzar con el proyecto.

La orden judicial supone un revés para uno de los planes más visibles de Trump en materia de remodelación del complejo presidencial y abre un nuevo frente legal en torno al alcance de las competencias del Ejecutivo sobre bienes considerados patrimonio nacional.

Por el momento, la Casa Blanca no ha informado si apelará la decisión, mientras el futuro del proyecto queda en suspenso a la espera de un pronunciamiento definitivo de los tribunales o de una eventual intervención legislativa.