Tegucigalpa, 01 de abril de 2025 – El fiscal general de la República, Johel Zelaya, informó la noche del lunes que el Ministerio Público, a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales, ha presentado dos requerimientos fiscales relacionados con irregularidades en el transporte de material electoral durante las elecciones primarias del pasado 09 de marzo.

Además, confirmó que ya hay personas capturadas, aunque no reveló sus identidades por el momento.

“Le digo al pueblo hondureño que hoy el Ministerio Público ha presentado dos requerimientos fiscales: uno en el juzgado con jurisdicción nacional y otro en el juzgado común”, afirmó Zelaya en una comparecencia de prensa.

El fiscal detalló que las acusaciones involucran a miembros de la Comisión Evaluadora para la Contratación del Transporte de Material y Equipo Electoral, así como a un representante de la empresa Ingeniería Logística, encargada del servicio.

En el juzgado con jurisdicción nacional, los acusados son Joel Ramos García, excoordinador del proyecto de transporte electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Raúl Amílcar Rivera Montoya, Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, todos integrantes de la mencionada comisión.

Por otro lado, en el juzgado común se presentó un requerimiento contra Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de Ingeniería Logística.

Según Zelaya, la empresa contratada no cumplía con los requisitos de idoneidad para el transporte electoral. “Se requería una flota de 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies, pero las investigaciones muestran que Ingeniería Logística solo disponía de 10 cabezales y dos camiones”, explicó. A pesar de ello, la Comisión Evaluadora aprobó la contratación, omitiendo inspecciones mecánicas y logísticas adecuadas.

El fiscal también señaló que Joel Ramos presentó un estudio solicitando 43 millones de lempiras para el transporte, pero las empresas contratadas exigieron 21 millones adicionales.

“La Comisión Evaluadora no cumplió con sus obligaciones y dio por hecho que el contratista tenía la capacidad necesaria”, añadió Zelaya, quien calificó estas acciones como constitutivas de los delitos de fraude, negociaciones incompatibles y violación a los deberes de los funcionarios.

Las elecciones primarias estuvieron marcadas por significativos retrasos en la entrega de materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que obligó al CNE a extender el horario de votación hasta la madrugada en varias zonas.

Las fallas logísticas generaron denuncias de irregularidades, incluyendo acusaciones de boicot por parte de la oposición, que apuntó al gobierno y a las Fuerzas Armadas como responsables.

Tras estos eventos, el Ministerio Público inició investigaciones que ahora derivan en los primeros requerimientos fiscales y capturas. Las primarias dejaron en evidencia serias debilidades en la logística electoral, lo que ha llevado a un clamor por mejoras de cara a las elecciones generales de noviembre. La polarización política y la desconfianza en el sistema electoral continúan siendo desafíos críticos para la democracia en Honduras.