La Corte de Apelaciones resolvió admitir un recurso presentado por el Ministerio Público y ordenó que el exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, enfrente juicio por su presunta participación en un caso de fraude relacionado con la compra de percoladoras y otros artículos durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la acusación, el exfuncionario es señalado por los supuestos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en un proceso que investiga la adquisición de equipo presuntamente sobrevalorado en el contexto de la emergencia sanitaria.

En la misma causa también fueron acusados Patricia Paz, Junior Alexander Benítez y Pedro Antonio Núñez, quienes recibieron la medida de detención judicial y son señalados por el delito de fraude en calidad de cooperadores necesarios.

Asimismo, el Ministerio Público incluyó en el proceso a Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras de Copeco, y a Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo-financiero de la institución, a quienes también se les atribuyen los delitos de fraude y violación de deberes de los funcionarios.

Otra de las personas señaladas es Odalis Jazmín Martínez Maldonado, acusada de fraude y usurpación de funciones públicas.

Según las investigaciones, el supuesto esquema irregular consistía en que algunos implicados se hacían pasar por funcionarios de Copeco para simular negociaciones legítimas con una empresa distribuidora de productos.

Las autoridades señalan que, para encubrir las operaciones, se solicitaba que las compras fueran facturadas a nombre de empresas de fachada, que inicialmente adquirían los productos por un monto cercano a siete millones de lempiras.

Posteriormente, esos mismos artículos habrían sido revendidos a Copeco con precios inflados, elevando el costo total de la compra a más de 12 millones de lempiras, lo que generó un perjuicio económico al Estado.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones, el caso continuará su curso hacia la etapa de juicio oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal de los imputados.