*** Fueron colocados a días antes de salir del gobierno para que sigan viviendo del pueblo

A pocos días de finalizar su mandato, la administración saliente dejó una serie de nombramientos en instituciones clave del sistema financiero hondureño. Entre ellos destacan Sarahí Cerna, designada como directora del Banco Central de Honduras (BCH), y Enrique Reina, nombrado titular del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).

Lo que en otro momento habría pasado como un trámite administrativo se convirtió esta vez en una controversia nacional debido al momento político, el perfil de los designados y el peso estratégico de las instituciones involucradas.

Nombramientos que generan resistencia y cuestionamientos

El BCH es una de las entidades más sensibles del país: define la política monetaria, resguarda la estabilidad financiera y envía señales de confianza a inversionistas y organismos internacionales.
Fosede, por su parte, protege los ahorros de miles de hondureños.

Por eso, la llegada de Cerna y Reina no fue vista únicamente como un relevo institucional, sino como una decisión que podría condicionar al nuevo gobierno desde el primer día.

Sectores empresariales, analistas y figuras políticas han cuestionado si estos nombramientos responden a criterios técnicos o a lealtades partidarias, especialmente por haberse realizado en los últimos días de gestión.

¿Puede el nuevo gobierno removerlos?

La pregunta se instaló rápidamente en el debate público.
Abogados constitucionalistas coinciden en que no basta con una decisión política para separarlos de sus cargos.

El constitucionalista Julio César Barrientos explicó que los nombramientos que cumplen los requisitos legales generan derechos adquiridos, lo que significa que una destitución sin causales objetivas podría ser impugnada ante los tribunales.

Según el jurista, el Ejecutivo debe demostrar razones claras y fundamentadas para proceder, de lo contrario se expone a procesos legales.

El riesgo de demandas contra el Estado

Expertos advierten que una remoción sin sustento jurídico podría desencadenar:

• Pago de salarios caídos
• Indemnizaciones
• Costos legales prolongados
• Daño a la imagen institucional

En un contexto de presión fiscal, una batalla judicial de este tipo representaría un golpe adicional para las finanzas públicas.

El abogado laboralista Edgardo Rodríguez recordó que los funcionarios nombrados mediante acuerdo oficial pueden reclamar indemnizaciones millonarias si se demuestra arbitrariedad en su destitución.

Vacíos legales y un problema recurrente

El caso Cerna–Reina volvió a exponer la falta de reglas claras sobre los nombramientos de última hora, una práctica que se repite en cada transición de gobierno y que permite asegurar cargos estratégicos antes de dejar el poder.

Expertos consideran que este episodio debería impulsar reformas que establezcan límites y procedimientos más estrictos para evitar conflictos similares en el futuro.

Una prueba temprana para el nuevo gobierno

Más allá de los nombres, este caso pone a prueba la capacidad del nuevo gobierno para actuar dentro del marco legal, gestionar tensiones institucionales y enviar señales de estabilidad.

En juego no solo está el futuro de Cerna y Reina, sino también la credibilidad del Estado hondureño en un momento clave de transición.

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