Tegucigalpa, Honduras. La administración de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional de Honduras llega a su fin este 20 de enero a la medianoche, tras cuatro años marcados por confrontaciones políticas, prolongadas parálisis legislativas y severos cuestionamientos por decisiones calificadas como ilegales por analistas y sectores de la oposición, algunos de los cuales advierten que el exjerarca deberá enfrentar la justicia.

La actual legislatura nació en medio de una de las crisis políticas más profundas de la historia reciente. El 23 de enero de 2022, a días de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, el Legislativo quedó dividido tras la elección de dos juntas directivas.

En Tegucigalpa, 49 diputados propietarios y suplentes eligieron a Redondo; en paralelo, en Bosques de Zambrano, 79 diputados ratificaron a Jorge Cálix como presidente, un hecho sin precedentes que debilitó la institucionalidad desde el inicio.

La fractura evidenció una pugna de poder y la ausencia de consensos. Incluso, la falta de votos reconocidos para Redondo impidió que tomara juramento a la mandataria; la juramentación recayó entonces en la magistrada Karla Romero. Aun así, Redondo impulsó decisiones tempranas sin pleno reconocimiento, lo que profundizó el conflicto.

De la “refundación” a la inactividad

Aunque Redondo asumió con el discurso de “refundación”, los registros oficiales muestran baja productividad: 56 sesiones ordinarias en 2022; apenas 20 en 2023; 39 en 2024. Entre enero de 2022 y octubre de 2025 se contabilizan 146–147 sesiones, cifra considerada reducida frente a los desafíos del país. En 2025, el Congreso apenas superó las 30 sesiones, en medio de denuncias por bloqueo de agenda y falta de convocatorias.

Uno de los episodios más criticados fue la parálisis de 100 días en 2023, tras el fracaso en la elección del fiscal general. La crisis escaló el 31 de octubre, cuando, mediante una Comisión Permanente cuestionada, se eligió de forma unilateral a Johel Zelaya y Mario Morazán, decisión que sectores jurídicos calificaron como usurpación de funciones del pleno.

Adhesión a CAF y nuevas parálisis

En 2023, Redondo ordenó la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), publicada en La Gaceta sin ratificación del pleno, según denunciaron opositores. En 2025, el Legislativo volvió a caer en una parálisis de más de cuatro meses (agosto 2025–enero 2026), mientras la oposición acusó manejo autoritario para evitar el debate.

Viajes millonarios sin informes

Datos públicos indican L38.6 millones en pasajes y viáticos internacionales entre 2022 y julio de 2025, con incrementos significativos en 2023 y 2024. No existen informes públicos detallados de resultados, beneficiarios u objetivos. En 2025, Redondo viajó a Marruecos, Venezuela, Corea del Sur y Curazao; además, una comitiva de al menos 26 diputados viajó a China, sin rendición de cuentas pública conocida.

Cierre polémico y tensión institucional

En el tramo final, pese a la extensión del período de sesiones, la Comisión Permanente aprobó el decreto 058-2025 para desconocer procesos electorales y declaratorias del Consejo Nacional Electoral. El decreto fue impugnado y admitido por la Sala de lo Constitucional sin suspender efectos, generando preocupación por la estabilidad democrática. Los órganos electorales ignoraron la norma y la presidenta Castro anunció la transición.

Como último acto, el Congreso fue cercado con vallas y resguardado por más de mil efectivos militares, restringiendo el paso en zonas públicas, medida criticada por su impacto en la instalación del nuevo Congreso.

Principales señalamientos de ilegalidades y abusos durante la gestión de Redondo

(según denuncias de oposición, analistas y sectores jurídicos; varios casos están bajo impugnación o debate judicial)

1. Elección y juramentación controvertidas (2022) en un contexto de doble junta directiva y falta de reconocimiento pleno.
2. Nombramientos sin respaldo del pleno (procurador y subprocurador) en los primeros días de gestión.
3. Uso de la Comisión Permanente para adoptar decisiones de alto impacto sin participación de todas las bancadas.
4. Elección unilateral del fiscal general y adjunto (2023), señalada como usurpación de funciones del pleno.
5. Adhesión a CAF sin ratificación congresional documentada.
6. Aprobación del decreto 058-2025 para desconocer declaratorias electorales, hoy impugnado.
7. Bloqueo sistemático de sesiones y parálisis prolongadas que limitaron el control político y la deliberación.
8. Gastos en viajes internacionales sin informes públicos de resultados ni beneficios verificables.
9. Restricción de acceso a espacios públicos con vallas y despliegue militar, cuestionada por afectar garantías cívicas.

Rechazo en las urnas

El cierre de la administración coincide con el rechazo popular expresado en las elecciones del 30 de noviembre, donde el oficialismo perdió respaldo legislativo, resultado que analistas interpretan como castigo ciudadano a una gestión percibida como confrontativa y poco transparente.

Balance final. Este 20 de enero de 2026, Redondo entrega un Congreso fragmentado y cuestionado. Lejos de la prometida refundación, su legado queda marcado por crisis institucionales, baja productividad y decisiones unilaterales, con múltiples recursos legales en curso y un debate abierto sobre eventuales responsabilidades.