*** Ese decreto benefició personas acusadas de delitos de corrupción y ahora están libres

Diversos sectores calificaron como un precedente negativo para el constitucionalismo y la justicia hondureña la declaración de constitucionalidad del decreto 04-2022, conocido como Ley de Amnistía Política, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En una votación de diez a cinco, los magistrados afines al Partido Libertad y Refundación (Libre) y al Partido Liberal decidieron rechazar los recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la polémica ley, que eximió de procesos judiciales a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya (2006-2009).

La decisión generó un fuerte rechazo de la sociedad civil, empresarios y políticos. La diputada del Partido Nacional, Lissy Cano, señaló que “hoy celebran los delincuentes y corruptos”, y advirtió que esta resolución complica la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Por su parte, la diputada María Antonieta Mejía criticó a los partidos Libre y Liberal por “repartir impunidad” al apoyar la votación oficialista.

El dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada, expresó su desacuerdo con los magistrados de su partido, mientras Octavio Pineda calificó la decisión como un “Pacto de Impunidad 2.0”.

Asimismo, el expresidente de la Cámara de Comercio de Cortés, Eduardo Facusse, y el asesor del Cohep, Rafael Jerez, señalaron que esta votación responde a compromisos políticos.