En medio de una creciente controversia pública, exactamente cuándo trasciende la renuncia de la presidenta de la junta interventora del IHSS, Karla Paredes, la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social aprobó una oscura compra directa por L 447.6 millones de equipos médicos, a menos de 30 días de concluir el gobierno de Xiomara Castro, una operación que levanta serias sospechas de legalidad, oportunidad y responsabilidad administrativa.

La millonaria operación quedó oficializada mediante la Resolución CI-IHSS-051-2025-IV, fechada el 29 de diciembre de 2025, bajo el mecanismo de Contratación Directa No. CD-005-2025, es decir, sin licitación pública ni competencia abierta, documento al que tuvo acceso Radio Cadena Voces.

El proceso concentra ocho lotes de compra adjudicados a solo tres empresas privadas, configurando una megacompra fragmentada en un solo acto administrativo:

•Equimedic Ingeniería S. de R.L.: L 224,324,600

•Seijiro Yazawa Iwai Honduras S.A.: L 178,883,550.18

•MACC Medical S. de R.L.: L 44,392,248.82.

La adquisición asciende a L 447,600,399.00, mientras los derechohabientes del IHSS denuncian en paralelo la falta de citas médicas, medicamentos, insumos hospitalarios y atención oportuna en los centros asistenciales del Seguro Social.

Los contratos incluyen la compra directa de rayos X, mamógrafos, tomógrafos (TAC), resonancias magnéticas, angiografías y sistemas informáticos hospitalarios, comprometiendo recursos públicos de largo plazo.

La resolución fue autorizada por los interventores Carla Marina Paredes Reyes, Samuel Zelaya Castro y Marco Antonio Destephen Soler.

Aunque la ley permite la contratación directa en circunstancias excepcionales, no se justifica una operación de esta magnitud en la etapa final de un gobierno, pues hipoteca financieramente a la nueva administración que encabezará Nasry Asfura, restringiendo su margen de maniobra presupuestaria desde el primer día.

Expertos en derecho administrativo advierten que decisiones de esta naturaleza, tomadas en el tramo final de un mandato, podrían constituir abuso de poder, desviación de finalidad administrativa y eventual responsabilidad patrimonial del Estado.

Mientras los hospitales del Seguro Social enfrentan desabastecimiento crítico, colapso de servicios y precariedad operativa, la administración saliente deja comprometidos casi 450 millones de lempiras mediante un procedimiento excepcional, opaco y acelerado, cuyo verdadero impacto recaerá sobre el próximo gobierno y, finalmente, sobre los cotizantes hondureños.

La decisión de la junta interventora del IHSS se produce en un momento particularmente delicado para la institucionalidad del país, luego de que trascendiera la renuncia de Carla Marina Paredes Reyes a la presidencia de la Comisión Interventora, en medio de cuestionamientos públicos sobre su gestión y crecientes críticas por el deterioro de los servicios del Seguro Social.

Fuentes cercanas al proceso señalan que la renuncia de Paredes se habría producido en un ambiente de tensión interna, presiones políticas y desgaste institucional, en momentos en que el IHSS atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, marcada por denuncias de desabastecimiento, muerte de pacientes por falta de atención oportuna, ausencia de medicamentos, insumos quirúrgicos y colapso de citas médicas.

Este contexto coincide además con la solicitud pública del presidente electo, Nasry Asfura, quien exhortó al gobierno saliente y a los organismos internacionales a abstenerse de contraer nuevos compromisos financieros, suscribir contratos de gran magnitud y adquirir obligaciones que comprometan el margen de maniobra de la nueva administración a partir de su toma de posesión.

Analistas consultados consideran que la compra directa del IHSS contradice de manera frontal ese llamado, al comprometer casi 450 millones de lempiras sin proceso de licitación, generando una pesada carga financiera y administrativa para el gobierno entrante, que deberá honrar contratos firmados sin haber participado en su planificación ni autorización.(RCV)