Tegucigalpa.— El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió este martes suspender de manera provisional la orden de captura emitida contra el empresario Lenir Pérez, investigado por presuntos delitos ambientales vinculados a la explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados al ecosistema.

La determinación se adoptó tras la celebración de una audiencia especial, en la que el órgano jurisdiccional consideró necesario garantizar el derecho de defensa y el acceso equitativo a la justicia de las partes involucradas, en concordancia con los principios de celeridad y eficacia del proceso penal.

Como parte de las medidas acordadas, el juzgado autorizó que la audiencia de declaración de imputado, programada para el viernes 30 de enero, se realice mediante mecanismos virtuales y sea transmitida en vivo a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Pérez, quien reside en Palm Beach, Florida, desde principios de 2023, deberá comparecer bajo estas condiciones.

Proceso por presuntos daños ambientales

El caso tiene su origen en un requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), que señala a varias personas vinculadas a las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek por supuestos daños causados al Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, ubicado en Tocoa, Colón.

De acuerdo con el Ministerio Público, el área protegida habría sido objeto de intervenciones no autorizadas que provocaron afectaciones a la biodiversidad y a importantes fuentes hídricas de la región. En el expediente figura Lenir Pérez en su condición de representante legal y presidente del consejo de administración de ambas compañías.

Junto a él, también fueron imputadas otras personas, entre empresarios y funcionarios públicos, por distintos delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, abuso de autoridad, daños agravados y usurpación de funciones.

Señalamientos sobre afectaciones ecológicas

Las investigaciones fiscales sostienen que el proyecto minero habría incumplido permisos y normativas ambientales, generando deforestación en zonas no autorizadas, apertura de carreteras y trabajos dentro de áreas sensibles del parque nacional, incluso con el uso de maquinaria pesada y explosivos.

Asimismo, se reportan presuntas afectaciones a los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, afluentes de la cuenca del río Aguán, lo que habría puesto en riesgo el abastecimiento de agua para comunidades cercanas.

Ante estos señalamientos, el Ministerio Público solicitó, además de las acciones penales, que se ordenen medidas orientadas a la restauración del equilibrio ecológico en las zonas presuntamente dañadas, mientras el proceso judicial continúa su curso.