Tegucigalpa, 25 de enero de 2026. Durante su discurso en la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, reveló que recibió instrucciones directas del presidente electo Nasry Asfura para solicitar al pleno la autorización urgente para vender o subastar el avión presidencial de Honduras.

Zambrano relató que, minutos antes de ingresar al hemiciclo, Asfura lo llamó para pedirle que transmitiera el mensaje a los diputados de todas las bancadas.
Según contó, el mandatario electo le dijo:
“Mirá, papito, quiero pedirte un favor: que les pidás a tus compañeros diputados que me ayuden y me autoricen de manera urgente vender el avión presidencial.”

El anuncio generó reacciones inmediatas en el Congreso, donde Zambrano afirmó que espera que la aprobación se dé “hoy o mañana”, argumentando que “el lujo del poder no puede andar volando cuando existen tantas necesidades en nuestro pueblo.”

Un intento previo que no pudo concretarse

La discusión sobre la venta del avión presidencial no es nueva. En agosto de 2025, el director ejecutivo de Bienes del Estado, Luis Sosa, explicó que era “bastante difícil” cumplir la promesa de vender la aeronave debido a múltiples irregularidades en su documentación.

Entre los problemas señalados:

• Los documentos no eran originales, tenían borrones y solo dos firmas no legibles.
• La aeronave no estaba inscrita como patrimonio del Estado, lo que impedía su venta legal.
• El avión tenía 3,000 horas de vuelo, lo que contraviene la normativa que prohíbe adquirir bienes usados con fondos públicos.
• Las bitácoras registraban viajes a distintos continentes con personas que transportaban fuertes sumas de dinero estatal.
• La compra, valorada en 14 millones de dólares, se vinculó a procesos discrecionales de la Tasa de Seguridad, uno de cuyos exfuncionarios está detenido en Estados Unidos.

Un activo deteriorado y costoso

Actualmente, el avión permanece en un hangar, deteriorado y sin uso, pero aun así requiere un mantenimiento anual cercano a 300,000 dólares, gasto que Bienes del Estado considera injustificado.

El reto ahora será encontrar un mecanismo legal que permita incorporarlo formalmente al patrimonio estatal para proceder con su subasta.