El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la reforma aprobada para devolver las facultades administrativas al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no representa un golpe institucional y tampoco requería mayoría calificada para su aprobación.

Zambrano explicó que la medida busca restaurar la potestad del manejo del recurso humano a los quince magistrados, tal como —según dijo— estaba contemplado en la normativa original antes de que diversas disposiciones transitorias modificaran ese esquema.

“Nosotros no vamos a operar como operó el Congreso anterior, llegando a patadas, con golpes, a la fuerza y sin votos; eso sí fue un golpe a un poder del Estado”, expresó el titular del Legislativo, rechazando que la reforma actual constituya una acción violenta o una intromisión en el Poder Judicial.

Atribuciones históricas del pleno

Zambrano recordó que, desde la reforma constitucional que amplió la integración de la Corte de nueve a quince magistrados en 2002, la ley establecía que la “potestad exclusiva” para el manejo del personal recaía en el pleno y no únicamente en la presidencia del Poder Judicial.

“Se establece que la potestad exclusiva para el manejo del personal, del recurso humano, era del pleno de 15 magistrados”, señaló.

Añadió que entre 2002 y 2009, durante la gestión de la expresidenta de la Corte, Vilma Morales, el manejo administrativo estuvo en manos del pleno de magistrados, en consonancia con el espíritu original de los legisladores.

Contexto tras la caída del Consejo de la Judicatura

El diputado también recordó que, tras la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Judicatura en 2016, el control del personal quedó temporalmente en la presidencia de la Corte Suprema, situación que —según dijo— se prolongó más de lo previsto.

“Una vez integrado el Consejo, ni el pleno ni la presidencia de la Corte volvió a manejar el tema de personal porque funcionó de 2013 a 2016 y por temas políticos se declara inconstitucional”, explicó.

Reforma busca “ordenar” la administración

Zambrano insistió en que la reforma aprobada por el Congreso pretende ordenar la estructura administrativa del Poder Judicial y devolver al pleno las atribuciones que históricamente le correspondían.