Jueza de EE UU declara ilegal la anulación del TPS para migrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal
Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, una medida que amenazaba con dejar sin protección a más de 80.000 personas.
La magistrada Trina L. Thompson, del distrito federal de San Francisco, determinó que la terminación del programa no siguió el proceso adecuado y estuvo influenciada por motivaciones discriminatorias, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.
La jueza cuestiona motivaciones y procedimiento
En su fallo, Thompson concluyó que la Administración Trump actuó de manera “preordenada” y sin cumplir los requisitos legales, como consultar a otras agencias federales o evaluar de forma completa las condiciones de los países afectados.
La jueza también citó declaraciones del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que retrataban a los inmigrantes como criminales o una carga para la sociedad, lo que —según el fallo— evidencia prejuicios raciales en la decisión de cancelar el TPS.
“Estas declaraciones reflejan una visión estereotipada de los inmigrantes protegidos por el programa TPS, considerándolos invasores criminales”, escribió Thompson en su resolución de 52 páginas.
Miles de migrantes recuperan protección
La decisión judicial bloquea la eliminación del TPS para aproximadamente 89.000 personas, entre ellas:
- 72.000 hondureños
- 12.000 nepalíes
- 4.000 nicaragüenses
Muchos de ellos viven en Estados Unidos desde hace décadas y enfrentaban la amenaza de deportación y separación familiar.
El TPS permite a ciudadanos de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras crisis humanitarias residir temporalmente en EE UU y obtener permisos de trabajo.
Organizaciones defensoras de migrantes celebraron el fallo. Una de las demandantes, Sandhya Lama, originaria de Nepal, dijo que la decisión le devuelve la tranquilidad tras años de incertidumbre.
“El TPS me ha brindado a mí y a mis hijos una protección humanitaria esencial”, declaró Lama, quien vive en EE UU desde 2008.
La Corte Suprema había permitido en octubre que el Gobierno federal pusiera fin al TPS para unos 300.000 venezolanos, pero tribunales inferiores continúan frenando otras medidas migratorias de la Administración Trump.
El fallo de Thompson representa un revés significativo para la política migratoria del Gobierno, que ha impulsado una línea más estricta en materia de deportaciones y control fronterizo.
