Una operación de alto impacto contra estructuras criminales terminó en controversia luego de que un juzgado en Olancho dejara en libertad a un sospechoso capturado con un arsenal de armas de guerra.

La decisión generó una fuerte reacción por parte de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, cuyo director, Ramiro Muñoz, calificó el fallo como “un insulto para el pueblo hondureño”.

El imputado, José Paguada Gómez, fue beneficiado con medidas sustitutivas que incluyen firmar semanalmente y pagar una multa de 100 mil lempiras.

Durante su captura, las autoridades le decomisaron 36 armas de fuego, muchas de ellas de uso prohibido y equipadas con silenciadores.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público de Honduras y ejecutado en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, permitió el aseguramiento de:

129 bienes inmuebles
Entre 80 y 90 vehículos
36 armas de fuego
11 productos financieros

Las acciones estaban orientadas a desarticular redes vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.

Muñoz lamentó que el trabajo de investigación y los operativos de alto nivel se vean debilitados por decisiones judiciales que, a su juicio, favorecen la impunidad.

“¿Sabe lo que cuesta llevar a cabo una operación de esta magnitud para que en minutos alguien quede libre?”, cuestionó.

El funcionario también señaló que, aunque los operadores de justicia pueden enfrentar amenazas, esto no debe traducirse en resoluciones que debiliten el Estado de derecho.