Tegucigalpa / Belén, Brasil — noviembre de 2025 — En una entrevista brindada desde Brasil y replicada por el periódico digital de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Roosevelt Leonel Hernández, lanzó fuertes acusaciones contra el empresario Jorge Canahuati, presidente del Grupo OPSA, a quien responsabilizó de “orquestar una campaña pública en su contra y contra las Fuerzas Armadas” en medio del proceso electoral hondureño.

Las declaraciones del jefe castrense se dan a menos de un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, y contradicen abiertamente la instrucción emitida por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien había ordenado a Hernández abstenerse de referirse públicamente a temas electorales, al estar bajo el mando del órgano electoral durante este periodo.

Hernández aseguró que los audios divulgados por el Ministerio Público —que involucran a una consejera del CNE, un jefe de bancada y un oficial militar— son auténticos, y advirtió que “negar su veracidad sería defender lo indefendible”.

En la entrevista, el general reveló que cinco coroneles fueron puestos a disponibilidad y otros oficiales reubicados por manipular un informe interno filtrado tras las elecciones primarias. También confirmó que un oficial vinculado a una supuesta conversación con la consejera Cossette López fue colocado bajo funciones supervisadas.

El jefe militar afirmó que la campaña mediática en su contra tendría origen en intereses económicos interrumpidos entre Grupo OPSA y empresas vinculadas al Instituto de Previsión Militar. Según Hernández, esta ofensiva forma parte de un entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado, lavado de activos y empresas de maletín.

Pese a la prohibición del CNE, Hernández detalló el papel operativo de las Fuerzas Armadas en el resguardo del material electoral, incluyendo maletas, kits, sedes de votación y transmisión de datos. Defendió la contratación de la empresa Unión Latin Cargo para el transporte electoral y reafirmó la coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

También alertó sobre riesgos en el conteo de votos, como la manipulación de datos o desaparición de material físico, e informó que se solicitó al CNE copias físicas de los registros generados en las juntas receptoras.

Las declaraciones del general Hernández han generado preocupación en diversos sectores, que advierten una extralimitación de funciones con respaldo del Ejecutivo. El cruce de señalamientos entre empresarios, militares y medios de comunicación evidencia la fragilidad institucional y los desafíos para garantizar un proceso electoral transparente, seguro y libre de presiones.