Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes que la «violencia» ejercida por el Estado salvadoreño, en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y de una «alarmante regresión» en la protección de los derechos humanos, «reemplaza gradualmente» a la ejercida por las pandillas en las comunidades empobrecidas.

AI presentó en San Salvador un informe en el que se señala al Gobierno de Nayib Bukele, ahora candidato a la reelección inmediata, de restringir y vulnerar «los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura».

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Repetición «trágica» de la historia

«Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza», afirmó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.

Agregó que «estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas».

País en régimen de excepción

El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que ha dejado al menos 73.800 detenciones.

El informe «Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador» de AI se basa «en tres misiones de investigación y 83 entrevistas» además documenta «la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública».

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También, señala «la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso; el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales».

Censura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales

En su reporte, AI denuncia «el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico» y que «atentan contra la libertad de expresión y asociación», como el «acoso al oficio del periodismo» y «la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil».

En junio de 2022, Amnistía Internacional advertía que Bukele sumergía al país en «una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno».

En el contexto del régimen de excepción, AI indicó que las organizaciones humanitarias han documentado 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad, una situación de hacinamiento carcelario del 236 % y más de 190 muertes bajo custodia del estatal.

Se suman más de 5.000 «víctimas directas», la mayoría jóvenes y que habrían sufrido una detención arbitraria por las autoridades de seguridad. (dw)

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