El presidente Museveni acaba de firmar la entrada en vigor de la Ley contra la Homosexualidad.

Esta ley institucionalizará el odio y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en Uganda. Su aprobación supone una vulneración grave de los derechos humanos en el país.

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En estos momentos estamos valorando en colaboración con activistas y organizaciones LGBTI ugandesas qué pasos dar de ahora en adelante.

El Parlamento de Uganda ha aprobado un proyecto de ley anti-homosexualidad el pasado 20 de diciembre, que afianza la discriminación y el odio contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Posteriormente, ha sido sometido a consideración del presidente, que puede vetarlo o pedir al Parlamento que lo reconsidere en un plazo de 30 días. Esta ley supone una grave violación de derechos humanos.

La pena de muerte con que se castigaba la homosexualidad “con agravantes” en el texto original del proyecto de ley ha sido sustituida por cadena perpetua.

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Entre quienes podrían ser acusados de “homosexualidad con agravantes” figuran los denominados “reincidentes” y cualquier persona portadora del VIH que hayan mantenido relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo, incluso con consentimiento mutuo y protección.

Esta ley incluye la criminalización de la “promoción” de la homosexualidad, la obligatoriedad de las pruebas de VIH en ciertas circunstancias y la aplicación de cadena perpetua por contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Además de violar los derechos a la intimidad, la vida familiar y la igualdad, la futura ley amenaza la libertad de reunión y expresión –derechos y libertades protegidos por las leyes de Uganda y el derecho internacional de los derechos humanos– e institucionaliza la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI), ya discriminados en el país.

El proyecto de ley contra la homosexualidad se presentó por primera vez en 2009 y se volvió a presentar en el Parlamento en 2012.

Amnistía Internacional y otras organizaciones ugandesas de derechos humanos han pedido reiteradamente su retirada. Pide urgentemente la retirada de la ley al presidente de Uganda.(amnesty.org)