El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y ordenó su liberación “en el día”, tras considerar que el proceso judicial vulneró garantías constitucionales y debía haberse tramitado como juicio de responsabilidades.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena del máximo tribunal boliviano, luego de que la defensa de Áñez presentara un recurso de revisión extraordinaria. El tribunal concluyó que la exmandataria debía ser juzgada por la vía especial prevista para altos funcionarios del Estado, y no mediante un proceso penal ordinario como ocurrió en el caso conocido como “Golpe de Estado II”.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia ejecutoriada de diez años y, en consecuencia, se ordena la libertad en el día”, declaró el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

Jeanine Áñez fue condenada en junio de 2022 por presuntamente haber asumido de forma ilegal la presidencia en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales y su gabinete en medio de una crisis política. La sentencia fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales y sectores políticos que denunciaron persecución judicial.

Durante su gestión interina, se registraron hechos violentos en zonas como Senkata y Sacaba, por los cuales también se promovieron procesos judiciales que fueron anulados en agosto de este año, al determinarse que debían ser tratados por el Congreso mediante juicio de responsabilidades.

Reacciones y mensaje de Áñez

Desde prisión, Áñez expresó que su encarcelamiento fue un castigo político, pero que nunca se arrepiente de haber asumido el cargo en un momento de crisis:

“Estos casi cinco años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción. Lo hice con conciencia y el corazón firme”, escribió en su cuenta de X.

Figuras políticas como Branko Marinkovic y Samuel Doria Medina celebraron la decisión judicial, calificándola como el fin de una etapa de abuso y el inicio de una justicia independiente.

La liberación de Áñez marca un giro en uno de los casos más emblemáticos de la polarización política en Bolivia, y abre la puerta a un eventual juicio político en el Congreso, conforme a la legislación vigente