Dulce María Mejía Casco, dueña de la compañía hondureña SGM Comercial S.A., sospecha que los $4 millones que la fiduciaria ATA Trust S.A. no le quiere devolver se habrían utilizado con fines políticos entre 2021 y 2022.

Esa empresa fiduciaria fue fundada y es administrada por el canciller Arnoldo André Tinoco, a quien ahora la Fiscalía General de la República investiga por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta, en razón de los hechos denunciados por la mujer.

Así lo expuso en la declaración que brindó ante el Ministerio Público el pasado 24 de abril.

Según el expediente judicial, SGM Comercial S.A. dio en custodia la millonaria suma el 13 de septiembre de 2021 y, un año después, cuando reclamó el dinero de vuelta, la empresa de André Tinoco se negó a realizar el reembolso. A la fecha, sigue la disputa y el retorno del dinero no se ha ejecutado.

Es por eso que Mejía tuvo que acudir a las autoridades judiciales de nuestro país para reclamar su dinero ante la negativa de ATA Trust, en varias oportunidades, de hacer la transferencia, acto que la catracha califica como apropiación indebida de $3,8 millones, pues el resto se había pagado en honorarios e impuestos a la sociedad del canciller.

En su declaración ante la Fiscalía, Mejía sostuvo que tiene sospechas de que el dinero que confió a la fiduciaria de Arnoldo André se habría usado en la campaña política para las elecciones de 2022.

La empresaria asegura que existen muchas coincidencias entre lo que ocurrió con su dinero y el informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el presunto uso de estructuras paralelas de manera ilegal por parte del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el cual Rodrigo Chaves Robles ganó las últimas elecciones.

“El dinero fue usado con fines políticos, no tengo pruebas directas, pero las coincidencias con el informe del Tribunal Supremo de Elecciones son muy serias y me hacen sospechar un uso indebido del dinero que entregamos en custodia“, dijo.

Ese informe del TSE fue remitido a la Fiscalía General, donde ahora está bajo investigación para determinar si Chaves, André Tinoco y otras personas relacionadas con la campaña cometieron varios delitos electorales que se penan con condenas de cárcel.

Mezclaron fondos

La dueña de SGM Comercial S.A. en su declaración refirió que detectaron la posibilidad de que los fondos que ellos aportaron para custodia se habrían mezclado con otros que no les pertenecían.

“Descubrimos durante el intento de la auditoría que los fondos estaban mezclados con otros fideicomisos, lo cual fue confirmado cuando se nos negó su realización con el argumento de que comprometeríamos otros fideicomisos por compartir cuenta.

Solo recibimos comunicación sobre el primer débito autorizado únicamente por nosotros, como debía ser. Después de eso, no nos brindaron ningún estado de cuenta o rendición de cuentas”, detalló.

Mejía sostuvo que una vez que supo de la supuesta comisión de delitos en el manejo oscuro de fondos de la campaña de Chaves, que estuvieron relacionados con ATA Trust, temió que sus fondos estuviera redireccionándose a hechos ilícitos.

“Después de conocer informes públicos en Costa Rica sobre un posible financiamiento electoral irregular en el que ATA TRUST habría estado implicado. Eso coincidió con la negativa de devolvernos los fondos.

(…) Los fondos estaban mezclados representa una violación directa al deber fiduciario y confirma nuestra sospecha de mal manejo o desvío de fondos.

Tal como lo adelantó CR Hoy, la  fiduciaria habría obstaculizado una auditoría solicitada por la compañía hondureña, con la que se pretendía la devolución de los $3,8 millones.

Además de la causa abierta contra André Tinoco en el expediente 25-000040-0030-PE, en la Fiscalía General, se tiene en trámite otra causa penal paralela, en la Fiscalía Adjunta de Goicoechea, luego de confeccionar un testimonio de piezas.

Esta herramienta se ejecutó para investigar la posible participación de Phillip André Sánchez (hijo de canciller) y al secretario y representante legal de ATA Trust S.A., Alonso Vargas Araya, se les confeccionó un testimonio de piezas o expediente paralelo.

Según Rogelio Ramírez Cartín, representante legal de la compañía catracha, en un inicio se planteó la denuncia contra el canciller por apropiación indebida de capital; sin embargo, la Fiscalía recalificó el delito a administración fraudulenta, una vez que se conocieron a detalle los hechos.

La denuncia expone que la fiduciaria puso obstáculos al momento en que SGM intentó llevar el dinero de vuelta a sus arcas. A la fecha, tras 45 meses, la empresa del canciller sigue sin devolver el monto que tiene bajo custodia a la compañía hondureña.(crhoy.com)