La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los hechos de violencia en varias ciudades de Honduras que resultaron en la muerte de al menos 21 personas durante la última semana de junio y llama al Estado a investigar los hechos de manera seria, imparcial y efectiva, a fin de determinar los responsables intelectuales y materiales. Asimismo, insta al Estado a formular una política pública de seguridad ciudadana centrada en la protección de la persona humana.

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Según información, el 24 de junio de 2023, al menos 13 personas fueron asesinadas en un billar en Choloma, casi al mismo tiempo de este lamentable episodio, se registraron al menos 8 muertes violentas en diferentes zonas del país. Las autoridades indicaron que estos hechos estarían vinculados con el accionar del crimen organizado y anunciaron medidas para enfrentar la criminalidad como el inicio de una operación policial para controlar la violencia en la zona norte del país y recuperar las áreas con actuación de las pandillas. Asimismo, el 25 de junio, la Presidencia de la República decretó, por 15 días, un toque de queda durante la noche y madrugada en Choloma y San Pedro Sula.

La CIDH ha advertido que las pandillas o maras constituyen un importante desafío de seguridad y amenaza para la comunidad. En sus informes «Crimen organizado y derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: desafíos y acciones estatales en el norte de Centroamérica» y «El Impacto del Crimen Organizado en las Mujeres, Niñas y Adolescentes en los países del Norte de Centroamérica», la CIDH describe cómo la criminalidad organizada y la violencia asociada a ella presentan nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados, en especial de las poblaciones más vulnerables como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y mujeres, cuyas vidas y desarrollos han sido trastornados por el fenómeno delictivo.

El Estado indicó a la Comisión sobre las medidas que está implementando para combatir el crimen organizado con apoyo de miembros de la Policía Nacional y funcionarios de las Fuerzas Armadas de Honduras, en estricto apego del respeto a los derechos humanos. Destacó que los logros obtenidos se medirían por la protección del derecho a la vida y la notable disminución de la tasa de homicidios. Según lo indicado por el Estado, las medidas enmarcadas en la estrategia de seguridad «Solución contra el Crimen» han contribuido a reducir los índices de criminalidad. Indicó que las autoridades de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad han informado que, a partir de la implementación de estos operativos se registró una baja de homicidios del 83%. Asimismo, señaló que, como medida preventiva, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) impulsan la capacitación en materia de derechos humanos a sus oficiales.

Honduras tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas en su jurisdicción, con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que es parte. La CIDH observa que las medidas adoptadas por el Estado en respuesta a los hechos de violencia se enmarcan en la vigencia de la suspensión de ciertos derechos y garantías constitucionales decretada por el Poder Ejecutivo de Honduras desde diciembre de 2022 en 123 municipios del país.

En sus observaciones preliminares sobre su visita in loco al país, la CIDH recordó el carácter excepcional y temporal de esta medida e instó al Estado a formular una política pública de seguridad de mediano y largo plazo que asegure los enfoques de derechos humanos, género y diferenciados. En ese sentido, la Comisión reitera su llamado a que esta medida no forme parte de una política permanente de seguridad. El Estado explicó a la Comisión que el estado de excepción parcial no es una medida que forme parte de una política permanente de seguridad, sino que se trata de una medida temporal que prioriza el bien común y no tiene una afectación en la totalidad de la población hondureña.

Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han indicado que la suspensión de garantías constituye una disposición para las circunstancias extraordinarias indicadas en el artículo 27 de la Convención Americana como en casos de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado, y que su adopción requiere justificar la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida ante el contexto de emergencia.

La CIDH llama al Estado de Honduras a actuar, estableciendo las responsabilidades sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas y con enfoque preventivo, con políticas multisectoriales respecto a las causas de la violencia. Todos los esfuerzos estatales deben tener la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y proteger el disfrute de todos los derechos.

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La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. (OAS)