José Meléndez Corresponsal/Periódico El Universal de México

América Latina y el Caribe recibieron un inesperado regalo de Navidad: la amenaza de que la carrera armamentista regional podría reactivarse luego de que Colombia anunció esta semana que modernizará su flotilla aérea con una inversión de 2 mil 650 millones de dólares y adquirirá 16 aviones de guerra, en un movimiento político que alteraría el balance interamericano de fuerzas militares.

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La onda expansiva en el hemisferio occidental de la decisión de Colombia llegaría a México y Guatemala, por el norte, y a Argentina y Chile, por el sur, ya que las estructuras militares de cada país buscarán la vía para intentar equipararse y evitar que sus vecinos tengan algún tipo de superioridad bélica aérea, marítima o terrestre sobre sus propias capacidades.

El gobierno del presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, confirmó el miércoles anterior que proyecta comprar 16 aviones caza Rafale a la empresa Dassault Aviation, de Francia, para garantizar la soberanía aérea, marítima y terrestre colombiana y la defensa de la integridad territorial. Petro reveló los primeros detalles el 17 de este mes.

Petro quedó en entredicho porque en marzo de 2021, en la campaña electoral que en 2022 le llevó a la presidencia tras ganar (mayo y junio de este año) las rondas electorales, fustigó un plan de su predecesor, el presidente Iván Duque, de adquirir aeronaves de guerra.

Petro tuiteó que “la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños”.

El mandatario argumentó que la compra de los aviones caza Rafale se hará en términos financieros blandos.

Petro está “complaciendo al sector militar” de Colombia, afirmó la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, grupo no estatal de Caracas de estudios en fuerzas armadas.

La maniobra colombiana “altera el equilibrio militar con Venezuela significativamente (y) sin duda va a convertirse en un efecto disparador de nuevas compras militares en la región”, explicó San Miguel a EL UNIVERSAL.

La acción de Bogotá causaría inquietud a Venezuela, por el este, y a Ecuador, por el suroeste, a Perú, por el sur, y a Brasil, por el sureste, pero también a Nicaragua, por el noroeste y que mantiene una añeja disputa internacional con Colombia por la delimitación de las fronteras bilaterales sobre sectores del mar Caribe.

Venezuela, Nicaragua y Cuba son los principales socios y clientes militares de Rusia en América Latina y el Caribe, en un proceso de fortalecimiento de los vínculos bélicos de Moscú con Caracas, Managua y La Habana que se desarrolla bajo la observación inquietante de Washington.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “va a tener la excusa para continuar armándose”, alegó el mayor nicaragüense en retiro, Roberto Samcam, experto en asuntos castrenses y de defensa y seguridad de Nicaragua y ahora en el exilio en Costa Rica.

“Ortega le puede decir a Rusia que lo provea de más armamento porque Colombia representa un peligro para la soberanía de Nicaragua”, planteó Samcam a este diario.

“Es probable que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diga que esto (las inversiones bélicas de Colombia) justifica una mayor compra de armamento (…) de mayor capacidad”, señaló.

En el caso de Honduras, describió que uno de los factores que influyen sobre la situación militar hondureña es la base militar que EU mantiene en suelo hondureño desde 1983. Por décadas, Honduras se afianzó como el poseedor de la superioridad militar aérea en Centroamérica.

“Es probable que, si Nicaragua lo hace, Honduras también quiera hacer una compra de armas, pero su problema es que está muy atado a EU”, aseveró.

La base forma parte del entarimado de seguridad hemisférica del Comando Sur de EU, con sede en Miami, Florida, y que, excepto México, cubre a América Latina y el Caribe. México está insertado en el Comando Norte.

La iniciativa política colombiana de reforzar su capacidad militar aérea tendrá un efecto dominó en el escenario interamericano, agravado por la creciente inseguridad pública y la incontrolable violencia callejera provocadas por la penetración y el posicionamiento del crimen organizado—en especial el narcotráfico—y otras modalidades de la delincuencia trasnacional, regional, nacional y local.

“Si bien la decisión del gobierno colombiano de comprar aviones de combate no necesariamente será el detonante de una carrera armamentista en la región, sí puede influir en un mayor nivel de gasto militar”, alegó la comunicadora social guatemalteca Iduvina Hernández, directora ejecutiva de la (no estatal) Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, de Guatemala.

“A menos que la diplomacia se esfuerce por generar vínculos de confianza, esta decisión puede impactar las relaciones con los países vecinos. A nivel regional, por el diferendo territorial (con Colombia), puede darle pretexto a Ortega para ampliar sus gastos militares”, declaró Hernández a este periódico.

“De producirse esta situación, estaría afectando los acuerdos de confianza” del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y los convenios del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que ahora preside Nicaragua.

“Como sea, las fuerzas armadas de los diferentes países buscarán en ello razones para la mayor asignación de gasto que habrá de engordar la bolsa de la industria armamentista”, alertó.

Compras de armas

El gasto militar de 1949 a 1999 de México, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Belice, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago sumó 925 mil 747 millones de dólares.

De 2000 a 2021, el total fue de 963 mil 949 millones de dólares y ya sin Panamá, que abolió su ejército en 1992. Costa Rica lo abolió en 1948.

Los datos estadísticos, que no incluyen donaciones externas y otros elementos claves, fueron aportados por el (no estatal) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés), que estudia la situación militar global y se basa en estadísticas oficiales y propias.

América Latina y el Caribe protagonizaron en la segunda mitad del siglo XX una intensa carrera armamentista, en un reflejo directo de la Guerra Fría o de la pugna este—oeste entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética (desapareció en 1991) por la puja capitalismo versus comunismo después de la Segunda Guerra Mundial (1939—1945).

Washington acuerpó a los gobiernos militares derechistas, como en Paraguay, con el régimen dictatorial de 1954 a 1989, en Haití, con la dinastía duvalierista de 1957 a 1986, en Chile, con la dictadura de 1973 a 1979, o en Brasil, con la estructura castrense de 1964 a 1985.

EU también prolongó la existencia de otros aparatos de facto, como en Nicaragua con la dinastía somocista de 1934 a 1979, o en República Dominicana con la dictadura trujillista de 1930 a 1961.

Los regímenes militares pro—Washington gobernaron también en Cuba, Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

Las estructuras bélicas de las dictaduras latinoamericanas y caribeñas aliadas a EU fueron reforzadas en el siglo XX por una justificación: el surgimiento de guerrillas izquierdistas o comunistas de diferente potencia en Cuba, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay.

Luego del triunfo en 1959 de las guerrillas izquierdistas en Cuba, la revolución cubana se convirtió en un foco de la expansión insurgente hacia el hemisferio occidental, lo que reforzó la justificación para incrementos los gastos militares en la región.

Presupuestos castrenses

Con el alegato de reforzar la seguridad, el gasto militar de 20 de los 33 países latinoamericanos y caribeños subió mil 192,3 millones de dólares de 2019, sin que todavía se hubiera registrado el ataque de la pandemia del coronavirus, a 2021, ya con Covid—19, de acuerdo con

El presupuesto militar de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Guyana, Ecuador, Bolivia, Belice, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Trinidad y Tobago pasó de 52 mil 810,5 millones de dólares en 2018 y 52 mil 828,3 millones de dólares en 2019 a 54 mil 538,8 millones de dólares en 2020 y 54 mil 20,6 millones de dólares en 2021, determinó el Instituto.

Colombia sumó gastos militares por 37 mil 425,9 millones de dólares de 2018 a 2022 y con presupuestos siempre en ascenso, según SIPRI con datos del valor del dólar a 2020: 8 mil 609,7 millones de dólares en 2018, 9 mil 255,8 millones de dólares en 2019, 9 mil 554,1 millones de dólares en 2020 y 10 mil 6,3 millones de dólares en 2021. No se dieron datos de 2022.

Colombia entró a una guerra civil desde 1964 con dos organizaciones guerrilleras comunistas. Luego de más de 52 años de hostilidades bélicas, el gobierno firmó la paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ya se disolvieron y ahora son un partido político legal.

Sin embargo, la paz colombiana todavía es incompleta. La guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se sublevó también en 1964 y en 2022 reanudó las gestiones de paz, ahora con el gobierno de Petro.

Con dólares al valor de 2020, Colombia consumió 215 mil 878,1 millones de dólares en presupuestos militares de 1964 a 2021, precisó SIPRI.

En el gobierno de Duque, de 2018—2022, los nexos de Colombia con Maduro sufrieron un profundo deterioro con graves tensiones bilaterales militares fronterizas y políticas. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Bogotá en febrero de 2019, pero esos lazos fueron restablecidos por Petro a partir de agosto anterior.

Sin mencionar los líos limítrofes con Ecuador en 2018 y en otras etapas, el colombiano John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro, mencionó que “el único país limítrofe con el que hemos tenido problemas es Venezuela”.

“Vale la pena preguntarse si ahora que, al parecer, se están limando asperezas ideológicas (de Colombia) con el mandamás vecino (Maduro), la nueva flota aérea que se adquirirá operará con la suficiente superioridad aérea” frente a la que posee Venezuela, subrayó Marulanda en un análisis escrito que remitió a este diario.

Con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana (ejército, aviación militar, marina, guardia nacional y milicia), Venezuela dispone de una dotación de aeronaves de guerra formada por unos 22 Sukhoi, de Rusia, 16 F—16, de EU, 23 Hongdu, de China, y 10 Embraer, de Brasil.

A ese poder “hay que añadir las pasadas amenazas de parlamentarios” del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) “sobre bombardeo a sitios críticos en Bogotá”, advirtió Marulanda.

El explosivo contexto mostró una creciente acumulación de fuerza bélica en Venezuela y Colombia, que comparten una frontera porosa y sensible y hostigada por narcotraficantes, guerrilleros izquierdistas y paramilitares derechistas frente a militares colombianos y venezolanos y un vecindario de tensiones—inseguridad, violencia, crimen organizado e inestabilidad—en el resto de América Latina y el Caribe.