Desde marzo último, el Gobierno de Nicaragua asume el incremento de los precios internacionales correspondientes a los derivados del petróleo: combustibles y gas licuado en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, destinados al desarrollo de actividades de producción y transporte colectivo.

Al impacto del COVID-19 y la crisis económica asociada se sumó el conflicto entre Rusia y Ucrania, y si bien América Latina está lejos de su epicentro, no escapa a las consecuencias, sobre todo si, como Nicaragua, es un país importador de petróleo.

Por eso, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía anuncia cada semana el subsidio del 100% del aumento en el costo de los combustibles siguiendo el incremento de los costos a nivel global para mitigar a los usuarios las fluctuaciones del mercado.

Adolfo Pastran, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, considera que los factores externos inciden en la inflación y recordó que en la nación centroamericana la empresa Puma Energy International controla la única refinería existente.

En declaraciones a Sputnik, el experto advirtió que «cualquier importación de petróleo pasa por las compañías privadas, encargadas también de la venta al consumidor», por ello, con el propósito de proteger y beneficiar a las familias, la administración sandinista «destinó fondos del Presupuesto General de la República» para solventar el aumento permanente de los precios.

Sumado a ello, el Gobierno suscribió un nuevo préstamo, autorizado por el presidente Daniel Ortega, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 200 millones de dólares, empleados en el financiamiento del Programa Temporal de Apoyo ante la Crisis de los Combustibles en Nicaragua.

La estrategia, aseguró Pastrán, evita además un golpe mayor sobre la economía nacional y el Producto Interno Bruto (PIB), cuyo crecimiento prevé en 2022 entre el 4 y el 5%. A su juicio, eso es posible «gracias a un Estado progresista, socialista, solidario, de justicia social, que tiene al ser humano y la lucha contra la pobreza en el centro de sus prioridades».

Subsidios e inflación

Frank Matus, máster en Administración Pública, Políticas Públicas y Desarrollo Local, advirtió a Sputnik que la pandemia ahondó el problema de la deuda pública para la mayoría de los países.

Además del shock externo provocado por el conflicto en Ucrania, Nicaragua enfrentó eventos meteorológicos como los huracanes Eta e Iota, en 2020, y recientemente la tormenta tropical Julia que, tras un azote de 15 horas, ocasionó la destrucción de miles de viviendas y el desborde de unos 70 ríos.

«Ello sacude indicadores como el crecimiento económico, pero tiene mayor impacto en la inflación, que había permanecido controlada y cuya tasa rondaba el 5%, desde 2010 aproximadamente, y ahora supera el 9 %. Es decir, no habíamos tenido mayores problemas en términos de estabilidad de precios», reconoció Matus.

El experto aseguró que datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) estiman ese parámetro en alrededor de 9% al final del presente año, «un aspecto sensible pues afecta el poder adquisitivo de las familias y atenta contra otro de los objetivos de la política nacional que es la distribución equitativa de las riquezas».

De acuerdo con el analista, el país centroamericano implementó el control de los precios o la congelación del importe de los combustibles como medida para contener la inflación, aunado a los subsidios, un instrumento de la política fiscal, destinado al resarcimiento de los costos aplicados por productores y distribuidores.

«Ello da estabilidad tanto al sector público como privado, aporta previsibilidad y permite a empresas y oficinas estatales la planificación de sus estrategias. La iniciativa, por la naturaleza del petróleo considerado el bien económico con mayores encadenamientos y de cuya valía dependen los demás bienes y servicios, permite que los otros precios no varíen significativamente», acotó.

Matus insistió en que la acción emprendida desde hace aproximadamente 33 semanas, ralentiza el proceso inflacionario y permite a los diversos estratos sociales mantener su poder adquisitivo.

Combustible en manos privadas

Bolívar Tellez, mayor retirado del Ejército Nacional y analista colaborador del Centro Regional de Estudios Internacionales (CREI), consideró a Sputnik que la disposición del Estado sandinista genera cierta tranquilidad en los ciudadanos. «No escuchas en las calles las quejas comunes en otros países respecto al importe elevado de la gasolina».

El especialista aludió al control por la empresa privada que adquiere el crudo en EEUU y recordó cómo, antes de 2019, el servicio de venta de gasolina también recaía en Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la sociedad entre Petronic y la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), sancionada por Washington y encargada del suministro de combustibles.

Por entonces, Managua adquiría el petróleo en el territorio sudamericano como parte de un acuerdo petrolero, pero el Departamento del Tesoro en un intento por presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a favor del opositor Juan Guaidó, autoproclamado mandatario de su país, bloqueó todos los activos de PDVSA bajo jurisdicción estadounidense.

«Albanisa debió cerrar sus gasolineras y el servicio quedó en manos privadas completamente. Por tanto, ahora el Gobierno del FSLN resguarda los intereses de los más vulnerables frente una posible subida de los precios de los productos de la canasta básica y con ello cumple también con su programa histórico», añadió.

Proyecto social indetenible

En paralelo, la administración sandinista promueve la sustitución de importaciones, especialmente, en el sector alimentario, para reducir las consecuencias del alza de los costos a nivel internacional, mediante la garantía de insumos y fertilizantes, y el diseño de programas de huertos familiares y el financiamiento de algunas fases de producción, a partir de préstamos de bancos foráneos.

«Existe confianza en la población de que el Gobierno no los abandonará a su suerte en un contexto mediado por los vaivenes de la política financiera global. Esto solo es posible bajo un Estado que concentre sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, apegado a los derechos refrendados en la Constitución de la República», puntualizó Tellez.(Sputnik)