Carlos De Oliveira, empleado del expresidente de EE.UU. Donald Trump, fue formalmente acusado este lunes por un juez de Miami en la causa de los documentos clasificados, tras lo cual quedó en libertad bajo fianza.

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El juez Edwin Torres le leyó hoy los cargos a De Oliveira y lo citó de nuevo para el 10 de agosto en Fort Pierce, a 200 kilómetros al norte de Miami, donde está asentado el caso que preside la jueza Aileen Cannon.

Durante una breve audiencia, De Oliveira, de origen portugués y administrador del club Mar-a-Lago de Palm Beach (Florida), donde Trump tiene su residencia, dijo que entendía los cargos.

De Oliveira fue incriminado la semana pasada por el fiscal especial Jack Smith por supuestamente haber solicitado que se borraran imágenes de las cámaras de seguridad que habían reclamado los investigadores del caso.

El juez Torres aceptó la libertad bajo fianza teniendo en cuenta que la Fiscalía no se opuso, pero sin embargo le solicitó a De Oliveira entregar el pasaporte.

Al respecto, el nuevo acusado contestó al juez que no tenía pasaporte portugués, sino estadounidense y que éste estaba vencido. También señaló que carecía de recursos para pagar una fianza, que no era dueño de una vivienda en Palm Beach, donde reside, sino que rentaba.

En 2022 agentes del FBI hallaron en un allanamiento en Mar-a-Lago numerosos documentos oficiales que Trump se llevó de la Casa Blanca, entre ellos algunos clasificados como secreto o «alto secreto».

A la vez que imputó a De Oliveira, el fiscal Smith agregó el jueves pasado tres nuevos cargos al sumario de Trump en este caso, en el que está también acusado Waltine Nauta, asistente personal del expresidente.

Trump y Nauta se declararon no culpables de los cargos imputados originalmente y supuestamente deberían pronunciarse al respecto sobre los nuevos, entre los cuales está obstrucción de la justicia, por supuestamente tratar de ocultar las pruebas que lo inculpan.

De Oliveira está imputado de conspiración para obstruir la justicia, alterar, destruir, mutilar u ocultar grabaciones y otros objetos, hacerlo «de forma corrupta», y falsas declaraciones, de acuerdo con el documento judicial de su imputación.

El juicio está previsto que comience en mayo de 2024, según decidió la jueza Aileen Cannon, quien fue nominada durante el gobierno Trump (2017-2021).

Según la acusación, De Oliveira habría intentado borrar imágenes de la cámara de seguridad en Mar-a-Lago en Florida después de que el Departamento de Justicia emitiera una citación sobre el caso el año pasado.

El nuevo imputado, del cual se conoce poco, no pertenece al círculo cercano de Trump, como lo es Nauta, su ayudante personal, quien es considerado un fiel aliado del expresidente desde que fue su «valet» en la Casa Blanca.

La acusación describe a De Oliveira como el «administrador de la propiedad» desde enero de 2022, tras empezar años atrás como «valet» en Mar-a-Lago y trabajador de mantenimiento.

Según el canal CNN, De Oliveira fue descrito por allegados y conocidos como un buen trabajador, con poca interacción con los miembros del club o el equipo de Trump.

El expresidente, según la acusación, «solicitó» a De Oliveira que eliminara una grabación para «evitar que las imágenes se proporcionaran a un organismo federal». Detalla que De Oliveira dijo al director técnico que «el jefe» quería que se borrara el servidor

Trump, quien está acusado de 40 cargos criminales en Florida, entre ellos retener 31 documentos clasificados con información de defensa nacional, continúa asegurando que es una trama del presidente Joe Biden contra su aspiración de competir en las elecciones de 2024 para regresar a la Casa Blanca em 2025.

El republicano, el claro favorito en las encuestas para las primarias de su partido, puede además ser imputado de nuevo por el fiscal Smith, esta vez por su responsabilidad a la hora de instigar a los trumpistas al asalto al Capitolio en enero de 2021 para detener el proceso de certificación presidencial de Joe Biden.

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Se trata de la tercera imputación, después de la relacionada con documentos clasificados y la de marzo pasado por el presunto pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 a cambio de su silencio. (swissinfo.ch)