Corte declara ilegales los aranceles globales de Trump, pero los mantiene hasta octubre


WASHINGTON, D.C. — Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos determinó este viernes que la mayoría de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump carecen de sustento legal, en un fallo que representa un golpe directo a su estrategia comercial proteccionista.

La decisión, respaldada por siete jueces frente a cuatro votos en contra, ratifica un dictamen previo emitido por una corte especializada en comercio, y cuestiona el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base para imponer gravámenes sin autorización explícita del Congreso.

¿Qué dice el fallo?

El tribunal concluyó que, aunque el presidente tiene facultades para actuar ante emergencias nacionales, estas no incluyen la potestad de establecer aranceles de forma unilateral. La sentencia señala que la imposición de impuestos aduaneros es una prerrogativa exclusiva del poder legislativo.

No obstante, la ejecución del fallo ha sido suspendida hasta el 14 de octubre, permitiendo que los aranceles continúen vigentes mientras la administración Trump prepara una apelación ante la Corte Suprema.

Desde su retorno al poder en enero, Trump ha reactivado una serie de aranceles que oscilan entre el 10% y el 50%, dirigidos a productos de múltiples países. A diferencia de los gravámenes sectoriales —como los aplicados al acero, aluminio o vehículos— estos aranceles globales han sido objeto de impugnaciones judiciales por su falta de respaldo legal.

Reacción presidencial

El mandatario reaccionó con firmeza en su red social Truth Social, calificando el fallo como “altamente partidista” y asegurando que “todos los aranceles siguen vigentes”.

“Si se eliminan, sería una catástrofe total para el país”, advirtió, prometiendo llevar el caso hasta la Corte Suprema.

Trump sostiene que los aranceles son una herramienta clave para proteger la economía estadounidense frente a prácticas comerciales injustas, aunque el fallo judicial pone en duda la legalidad de su aplicación sin intervención del Congreso.


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