San José, 1 de julio de 2025 — En una decisión sin precedentes en la historia política costarricense, la Corte Plena acordó este martes solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión, relacionado con un contrato de $405.800 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Fiscalía General sostiene que Chaves habría intervenido directamente para beneficiar a su exasesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz, instruyendo al empresario audiovisual Christian Bulgarelli a transferirle $32.000 como condición para adjudicarle un contrato de servicios de comunicación para Casa Presidencial. El dinero habría sido utilizado para asegurar el alquiler con opción de compra de una vivienda en el condominio Barlovento, en Tres Ríos.

La votación en Corte Plena fue de 15 votos a favor y 7 en contra, y también incluyó la solicitud de levantar el fuero al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien fungía como jefe de despacho presidencial al momento de los hechos.

🔍 Audios y confesiones clave
La acusación se apoya en grabaciones realizadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en las que se escucha a Chaves referirse al contrato como una vía para cumplir “antojos” y “chineos” personales. Además, el propio Bulgarelli confesó haber hecho el depósito por instrucción directa del mandatario.

📌 ¿Qué es concusión?
Según el artículo 355 del Código Penal costarricense, este delito se configura cuando un funcionario público abusa de su cargo para inducir o forzar a alguien a entregar un beneficio patrimonial indebido. La pena oscila entre dos y ocho años de prisión.

🏛️ Próximos pasos
La Asamblea Legislativa deberá ahora conformar una comisión especial para analizar el expediente y emitir una recomendación. El levantamiento de la inmunidad requerirá al menos 38 votos en el plenario. Si no se aprueba, el proceso quedará suspendido hasta que Chaves concluya su mandato.

⚠️ Más allá del caso BCIE
Este no es el único frente judicial que enfrenta el presidente. La Fiscalía también lo investiga por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento de su campaña de 2022, en la que se habrían utilizado estructuras paralelas sin control partidario ni transparencia en los donantes.