Washington, Estados Unidos – Viernes, 27 de junio de 2025.¹ En una decisión que representa una significativa victoria para el presidente Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado hoy que los jueces federales tienen una facultad limitada para emitir bloqueos a nivel nacional sobre las decisiones de la administración que consideran ilegales.² La sentencia, con un resultado de seis votos a favor y tres en contra (estos últimos de las juezas de tendencia progresista), podría tener profundas implicaciones para la supervisión judicial del poder ejecutivo en el país.

El máximo tribunal se pronunció sobre el alcance de las «suspensiones a nivel nacional» emitidas por tribunales inferiores, declarando que estas «probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales».³

La Autonomía del Ejecutivo y el Rol Judicial

La jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen de la mayoría conservadora, argumentó que «los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso». Añadió que «cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades». Los otros cinco jueces conservadores del tribunal se adhirieron a esta postura, mientras que las tres juezas liberales discreparon de la decisión.

Este fallo tendrá importantes consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar las acciones del presidente Trump y de futuros mandatarios estadounidenses. El caso central giraba en torno a la cuestión de si un solo juez de un tribunal federal de distrito tenía la potestad de bloquear universalmente un decreto presidencial mientras el asunto aún se estaba litigando en las cortes.⁴

Contexto de la Decisión: Ciudadanía por Nacimiento y Decretos Migratorios

La disputa legal se originó, en parte, a raíz de uno de los decretos más controvertidos firmados por Donald Trump el 20 de enero de 2025, día de su investidura.⁵ Dicho decreto buscaba negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal (como asilo o visas).⁶ Este principio, conocido como ciudadanía por nacimiento, está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en vigor desde hace más de 150 años, la cual establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.⁷

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por tribunales de distrito en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, quienes lo consideraron inconstitucional. Magistrados, tanto demócratas como republicanos, han congelado otras iniciativas de la administración Trump, muchas de ellas relacionadas con la política migratoria, lo que llevó al gobierno a presentar un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.⁸

La decisión de hoy del máximo tribunal otorga al ejecutivo una mayor libertad para implementar sus políticas sin la intervención inmediata de los tribunales inferiores, redefiniendo el equilibrio de poderes.⁹