La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner volvió este martes al centro de la escena judicial al presentarse de manera presencial en un proceso por supuesta corrupción que investiga una red de sobornos vinculada a contratos de obra pública.

La exmandataria, quien gobernó entre 2007 y 2015, cumple actualmente una condena de seis años bajo arresto domiciliario, con monitoreo electrónico. Esta audiencia marca su primera intervención presencial en este juicio, iniciado en noviembre de 2025 y desarrollado hasta ahora de forma virtual.

Desde tempranas horas, simpatizantes se congregaron en las inmediaciones de su residencia en Buenos Aires para manifestar respaldo, portando banderas y consignas a su favor. Antes de dirigirse al tribunal, Kirchner saludó a los presentes.

En esta causa, la fiscalía sostiene que la exjefa de Estado y decenas de exfuncionarios y empresarios habrían integrado una estructura ilegal entre 2003 y 2015 para recibir pagos indebidos de compañías beneficiadas con contratos estatales. Según la acusación, Kirchner habría sido una de las principales beneficiarias del esquema, que se habría originado durante el gobierno de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

Como parte de las pruebas, el expediente incluye cuadernos con registros atribuidos a un exchofer de un organismo estatal, en los que se detallan supuestas entregas de dinero. La defensa de la exmandataria ha cuestionado la autenticidad de dichos documentos y ha presentado recursos que han sido rechazados por la justicia.

A través de sus redes sociales, Kirchner descalificó el proceso judicial, al que calificó como una maniobra política. Además, vinculó su citación a intereses del actual gobierno de Javier Milei, al que acusó de intentar desviar la atención de controversias internas.

En la misma jornada también está prevista la declaración de otros imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

De ser hallada culpable en este caso, la exmandataria podría enfrentar una pena de hasta diez años de prisión, aunque tendría la posibilidad de solicitar nuevamente arresto domiciliario. El juicio, que cuenta con más de un centenar de testigos, podría extenderse durante varios meses más.