En una medida sin precedentes, Estados Unidos ha confiscado el avión oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana.

La información, revelada en exclusiva por CNN, señala que el avión, cuyo valor se estima en unos 13 millones de dólares, ha sido trasladado a Florida.

Según funcionarios estadounidenses, esta acción se basa en las sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela, y el decomiso del avión busca enviar un mensaje claro de que nadie, ni siquiera un jefe de Estado extranjero, está exento de las leyes y sanciones estadounidenses.

«Incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales», afirmó uno de los funcionarios a CNN, destacando la contundencia de la operación.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el decomiso, se ha indicado que la decisión se tomó tras determinar que la adquisición de la aeronave violaba las sanciones impuestas por EE.UU.

La operación, en la que intervinieron varias agencias federales, se realizó en coordinación con las autoridades dominicanas, que notificaron a Venezuela sobre la incautación.

El avión de Maduro, que ha sido fotografiado en varias visitas de Estado del presidente venezolano, ha sido descrito por los funcionarios estadounidenses como el equivalente al Air Force One venezolano.

Este decomiso marca un hito en la política estadounidense, que hasta ahora había confiscado numerosos vehículos de lujo y otros activos dirigidos a Venezuela, pero nunca uno de tal relevancia y simbolismo.

La acción de EE.UU. llega en un momento de tensión diplomática con Venezuela. En abril pasado, EE.UU. había reactivado parcialmente las sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, en respuesta a las alegaciones de que Maduro había incumplido compromisos electorales al inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado.

Desde las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno de Maduro. La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, denunció las irregularidades en el proceso electoral y la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, calificando la situación como una «violación inaceptable» de las leyes.

El gobierno venezolano ha respondido a estas acusaciones, señalando que no debe dar explicaciones a EE.UU. sobre la reelección de Maduro y acusando al Departamento de Estado de interferir en asuntos que considera de su exclusiva competencia. El canciller venezolano, Yván Gil, ha descrito la postura estadounidense como una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Venezuela.