Washington, D.C. — El gobierno de Estados Unidos ha iniciado un despliegue estratégico de unidades aéreas y navales en el sur del mar Caribe, como parte de una operación de seguridad destinada a enfrentar las amenazas que representan los cárteles de la droga en América Latina. La acción forma parte de una ofensiva más amplia contra organizaciones criminales que, según Washington, operan como estructuras narco-terroristas.

Operativo militar con respaldo presidencial

La iniciativa fue autorizada por el presidente Donald Trump, quien ha intensificado su política de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico transnacional. El Pentágono recibió instrucciones de coordinar con agencias de inteligencia para ejecutar maniobras que incluyan patrullajes marítimos, vigilancia aérea y presencia táctica en rutas clave utilizadas por los cárteles.

Hasta el momento, se ha confirmado el envío de al menos dos buques de guerra a la región, junto con un aumento en las misiones de reconocimiento aéreo. Fuentes oficiales señalaron que el objetivo es “neutralizar amenazas a la seguridad nacional provenientes de organizaciones criminales designadas como terroristas”.

Cárteles bajo presión internacional

En febrero, la administración Trump incluyó al Cártel de Sinaloa, al grupo venezolano Tren de Aragua y otras bandas delictivas en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Esta medida busca facilitar acciones legales y operativas contra sus miembros, así como reforzar los controles migratorios y la cooperación internacional en materia de seguridad.

La operación también se enmarca en una creciente presión contra el régimen de Nicolás Maduro. La fiscal general Pam Bondi anunció recientemente que la recompensa por la captura del mandatario venezolano fue elevada a 50 millones de dólares, acusándolo de utilizar redes criminales para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.

Bondi también reveló que el gobierno venezolano paga por acceso libre al espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México, estableciendo un “puente aéreo” que facilita el tráfico de estupefacientes hacia el norte. Esta acusación ha sido rechazada por autoridades hondureñas, quienes aseguran que el país mantiene una ofensiva activa contra el narcotráfico.

La Casa Blanca no ha especificado la duración ni el alcance total de la operación, pero funcionarios han adelantado que se trata de una acción sostenida, considerada prioritaria en la agenda de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.