Con 67 de 84 legisladores, el Congreso salvadoreño dijo sí una vez más al régimen de excepción, una política de seguridad que busca neutralizar el accionar de las violentas pandillas en el país centroamericano.

La octava prórroga, de 30 días más, se da horas después de que la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra la Tortura, iniciara una evaluación sobre la situación de derechos humanos en El Salvador.

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Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también expresó su preocupación «por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales».

Pero, según el Ministerio de Seguridad de El Salvador, aún permanecen pandilleros en libertad, por lo que es ‘necesario prorrogar el régimen de excepción para capturar al menos a 83.000 pandilleros’. Hasta el 15 de noviembre, el gobierno reporta la captura de 57.000 personas.

«Si bien las circunstancias bajo las cuales se decretó la suspensión de derechos y garantías han disminuido, persiste la amenaza de actuación criminal de dichos grupos, por lo que, el suspender la aplicación de las referidas medidas extraordinarias derivadas de dicho régimen propiciaría un retroceso en los avances alcanzados», reza la petición enviada al Congreso salvadoreño.

El régimen de excepción en El Salvador inició el 27 de marzo, luego que las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 asesinaran 88 salvadoreños en tres días. Un hecho atípico, pues según cifras oficiales los homicidios habían disminuido.

La Constitución de El Salvador establece que el régimen de excepción se puede prorrogar por un plazo de 30 días, si las causas que lo motivaron persisten.

Tras la prórroga aprobada recientemente, El Salvador permanecerá en un régimen de excepción hasta el 18 de diciembre. (vozamerica)

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