A punto de cumplir un año de vigencia, el Congreso salvadoreño aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción, mientras el presidente Nayib Bukele anunció el traslado de otros 2.000 pandilleros a lo que describió como “la cárcel más criticada del mundo”.

El mandatario dijo en Twitter que tras el nuevo operativo de traslado “ya son 4.000 pandilleros los que habitan” el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Se confirmó que llevaron a la mega prisión a 57 cabecillas de las pandillas, entre ellos uno de los cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13), identificado como Alex Alfredo Abrego, también a gatilleros y 1.868 homeboys (miembros de pandillas).

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La cárcel, ubicada a 74 kilómetros al este de la capital salvadoreña, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción aislada de la ciudad.

Está compuesta de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario.

Tiene capacidad para albergar a 40.000 reclusos. Ha sido criticada por colectivos de derechos humanos por no atenerse a los estándares internacionales de rehabilitación social, que desaconsejan las grandes prisiones con capacidad para miles de internos.

Cuando se trasladaron a los primeros 2.000 presos hace menos de un mes, Juan Pappier, subdirector para las Américas de Humans Rights Watch (HRW), aseguró a la AP que las normas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, sugieren que las prisiones de régimen cerrado no tengan una cantidad tan elevada de reclusos porque esto puede ser “obstáculo para la individualización del tratamiento” de los detenidos.

Pese a las críticas internacionales, Bukele, luego de tres años y nueve meses de gobierno, mantiene una alta popularidad como lo confirma la más reciente encuesta de LPG Datos del periódico La Prensa Gráfica. Según el sondeo, 91% de los salvadoreños aprueban su trabajo, mientras que el 92,5% aprueban su política de seguridad, y solo el 2,3% afirma que es mala o muy mala.

Según cifras oficiales, más 65.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados en este tiempo, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero también más de 3.700 personas han sido liberadas debido a que nunca se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fustigó a las organizaciones nacionales e internacionales que han denunciado las capturas de personas inocentes, así como como violaciones a los derechos humanos.

Arremetió contra países que no identificó, “que se llaman amigos de El Salvador y son los que están financiando toda esta campaña en contra de esta operación de liberación de seis millones de salvadoreños que estábamos a merced de los grupos terroristas”.

La nueva prórroga se aprobó con los votos de favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Ocho diputados opositores se abstuvieron, siete votaron en contra, y dos no asistieron a la sesión.

El 27 de marzo se cumplirá un año desde que El Salvador entró en estado de excepción, que fue aprobado por el Congreso a petición del gobierno en 2022, luego de que en un solo día se registraran 62 asesinatos atribuidos a las bandas delincuenciales.

Desde entonces, está suspendida la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado. El estado de excepción, además, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, como ha sucedido en los últimos 12 meses, mientras existan las causas que lo originaron.

Las autoridades responsabilizan a las pandillas de la mayoría de los crímenes registrados en los últimos años en El Salvador y atribuyen a su política de seguridad una mejora en las cifras sobre niveles de violencia.

Al presentar la solicitud, el director de la Policía Nacional, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, afirmó, que, tras casi un año de la implementación de la medida, los resultados son contundentes y “con base en ese diagnóstico, consideramos que es necesario prorrogarlo”.

“Estas herramientas legales nos permiten a nosotros y a las fuerzas armadas la certeza de que los procedimientos son legítimos”, defendió el mando policial. (latimes)

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