Sindicalistas, personas trabajadoras y miembros de organizaciones sociales se manifestaron ayer viernes (27.01.2023) en contra de una reforma de pensiones, avalada a finales de diciembre de 2022 por el Congreso de El Salvador, y reiteraron que los cambios «no permitirán una pensión digna» y que «los únicos beneficiarios» seguirán siendo las administradoras privadas de los fondos.

El grupo, de cientos de personas, se movilizó en una llamada marcha negra hacia la Casa Presidencial, en San Salvador, para entregar una nueva propuesta para que se reformen seis artículos de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, que fue aprobada entre dudas de economistas por su sostenibilidad.

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No obstante, los grupos de manifestantes no pudieron llegar a la sede de la Presidencia ya que agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía les bloquearon el paso. Aunque una comisión logró entregar la propuesta.

Según los participantes, la ley aprobada «no cuenta con el apoyo de la clase trabajadora porque representa un grave retroceso al reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de los trabajadores», «no permitirá una pensión digna» y seguirá «beneficiando únicamente» a las administradoras privadas de pensiones.

La polémica por las pensiones

La nueva legislación forma parte de un paquete presentado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, prometido en septiembre de 2021 y que, a pesar de las solicitudes de nacionalización de algunos sindicatos, deja el manejo de los recursos a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La legislación señala que, para las personas jubiladas, si el cálculo de su pensión mínima resulta mayor a 390 dólares y menor a 400, «la pensión a pagar será de 400». La cotización de quienes están trabajando será equivalente al 16 % de su salario, anteriormente era del 15 %. De este total, el 7,25 % provendrá del sueldo de la persona y el 8,75 % será aportado por su empleador. Esto significa un incremento del 1 % para las empresas.

La ley establece que las AFP recibirán el 1 % en concepto de comisión por la administración de los recursos. Además, la reforma elimina el beneficio del retiro anticipado del 25 % de los ahorros de quienes se encuentran trabajando.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) se mostró preocupado de que se diera una aprobación de la ley «apresurada» y puso en duda su sostenibilidad. A su juicio, «es incierta la sostenibilidad del aumento de un punto porcentual en el aporte de los patronos, simultáneo al aumento generalizado de 30 % propuesto para las pensiones».

De acuerdo con el organismo, en El Salvador 8 de cada 10 personas adultas mayores «no tienen acceso a una pensión, y solo 1 de cada 4 personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional». (dw)