La petición del Ejecutivo para ampliar por noveno mes el régimen de excepción llegó ayer aparejada con reformas a la Ley Anti Extorsiones, que permitirán encarcelar a empresarios y a toda persona con negocios pequeños que se ve obligada por amenazas a pagar extorsiones a los grupos criminales.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y diputados de la oposición rechazaron ayer esa medida, pues consideran que el gobierno de Bukele está convirtiendo en delincuentes a quienes en realidad son las “víctimas”, que necesitan protección del Estado y que van desde grandes empresarios hasta dueños de pequeños negocios.

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Las modificaciones también permiten capturar a los familiares de los pandilleros que encubran las extorsiones y serán estudiadas por los diputados en los próximos días.

De estas modificaciones los documentos aún no eran públicos al cierre de esta edición; sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló a grandes rasgos las reformas que llevó a la Asamblea ayer. En primer lugar, explicó que se incorpora el delito de “financiamiento ilegal de organizaciones criminales”, para prohibir y sancionar penalmente de 5 a 8 años a empresas, directivos y representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado que pagan extorsión a las estructuras criminales.

Sólo en 2021, los empresarios del transporte denunciaron que tuvieron que pagar 12 millones de dólares a las pandillas para que no atentaran contra ellos, su personal y sus familias.

Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República dijo en 2019, en un juicio contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), que esta estructura recolecta más de 2.7 millones de dólares mensuales mediante actividades ilícitas.

Pero también se ha denunciado que empresas proveedoras de bienes y servicios se ven obligadas a pagar “renta” para que su personal pueda entrar a las colonias a entregar productos sin el peligro de ser asesinados.

Pero, según dijo Villatoro, ya no tolerarán que ninguna empresa “esté financiando a los cobardes terroristas” de esa manera.

Castigo a víctimas de extorsión

Sin embargo, para la ANEP, los empresarios, incluyendo sus colaboradores, son “víctimas” de las extorsiones. Consideran que la propuesta del Ejecutivo los castiga en vez de protegerlos.

“Las empresas de todo tamaño y los ciudadanos son víctimas en el delito de extorsión. Es un ejercicio de violencia. Quien paga la extorsión lo hace involuntariamente; por tanto, no debe sancionarse a la víctima, sino a quien comete el delito. Esperamos que el Estado trate a quienes aun puedan ser objeto de extorsión como lo que son: víctimas, no otra cosa”, expresaron representantes de la cúpula empresarial a El Diario de Hoy.

Explicaron que en ese contexto, esperan que el gobierno siga trabajando en generar mecanismos seguros de denuncia, pero sobre todo combate a la inseguridad, en beneficio de los colaboradores que trabajan en sus empresas, que son los más vulnerables.

La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, expresó que la propuesta del gobierno es peligrosa, porque traslada a la ciudadanía una responsabilidad que es del Estado.

“Parece que como en otros tipos de leyes que se han reformado, se le está tirando la responsabilidad de lo que debería ser el Estado a la ciudadanía, no le están diciendo, ‘lo vamos a proteger de las extorsiones’, le están diciendo: si usted acepta (pagar) extorsión no será víctima, será delincuente”, lamentó Ortiz.

Además, afirmó que muchas empresas se ven obligadas a pagar extorsión por las amenazas de los grupos criminales; por lo tanto, considera que la iniciativa debe pasar por un estudio exhaustivo con especialistas en materia penal y sectores que entienden de estado de Derecho y Humanos.

Hasta mayo de 2021 y a pesar de la implementación del Plan Control Territorial, con el cual el gobierno asegura que ha logrado reducir el índice de las extorsiones, el costo más grande para el sector empresarial seguía siendo el pago de extorsiones, según afirmó en ese entonces el presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Ernesto Soler.

Informó que los camiones distribuidores de productos, por ejemplo, debían pagar desde 5 dólares por entrar a las colonias y hasta 100 dólares quincenales o mensuales, incluso aguinaldo en fin de año.

“Hay zonas que se pusieron muy complicadas, que secuestraban a los conductores y a los camiones y los transportistas decidieron no entrar a esos lugares por resguardo de la vida y el incremento de costos que representaba”, explicó Soler.

Lo anterior indica que muchas empresas no pagan extorsión por voluntad propia, sino para poder ingresar y distribuir sus productos en las diferentes zonas del país.

La diputada Ortiz explicó que el gobierno lo que debe hacer es buscar un mecanismo permanente y sostenible de la seguridad ciudadana, que no violente los derechos humanos de las personas y que prevalezca la independencia judicial.

Según dijo, varias investigaciones periodísticas revelan que actualmente, la situación de seguridad podría estarse sosteniendo mediante un acuerdo del crimen organizado y la actual administración, así como sucedió en el pasado con gobiernos anteriores.

“Si ese es el caso y como se logran los números, estaríamos alimentando un monstruo”, analizó.

La diputada del FMLN, Dina Argueta, sostuvo que el gobierno está de nuevo “criminalizando” a quienes tienen que pagar extorsión de manera obligada y no solo a empresarios grandes, también será la ciudadanía en general los que podrían ir a la cárcel por una acción que es “involuntaria”.

“Entendería que no es solo para empresarios, habría que precisarlo en el documento, pero las extorsiones se dan también allá en el territorio, a la gente que tiene su tortillería, que tiene su tiendita, que no necesariamente es un empresario, que es gente emprendedora, es seguir exponiendo a la gente a todo nivel, no solo a ser víctima de los extorsionistas, sino también exponiéndoles a ir a la cárcel”, dijo. (elsalvador)

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