Gobierno de Kast descarta amnistía migratoria y endurece su política fronteriza en Chile


El recién asumido gobierno chileno, encabezado por el presidente José Antonio Kast, decidió poner fin al plan de regularización migratoria que habría beneficiado a más de 180.000 personas que ingresaron de forma irregular al país, una iniciativa impulsada por la administración anterior.

La determinación fue confirmada este lunes por el Servicio Nacional de Migraciones, cuyo director, Frank Sauerbaum, afirmó que la nueva gestión no continuará con el proceso diseñado durante el mandato del expresidente Gabriel Boric. Según explicó, el decreto que daba paso a la regularización nunca llegó a ejecutarse.

“No se va a avanzar en una regularización masiva”, sostuvo Sauerbaum, al señalar que la revisión de los antecedentes de las personas empadronadas reveló que miles de ellas ya habían tenido conflictos con la justicia. De acuerdo con la autoridad, alrededor de 6.000 de los migrantes considerados habrían cometido delitos, lo que reforzó la decisión de frenar el proceso.

Durante la campaña presidencial, Kast prometió aplicar una política migratoria más estricta y promover la expulsión de los extranjeros que se encuentran en situación irregular en Chile, un grupo que, según cifras oficiales, supera las 330.000 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana.

En línea con ese enfoque, el mandatario realizó una visita a la región de Arica apenas días después de asumir el cargo, donde supervisó obras de infraestructura destinadas a reforzar el control fronterizo en el límite con Perú, una de las principales vías de ingreso irregular al país.

Además, el Ejecutivo anunció que enviará al Congreso dos proyectos de ley orientados a reforzar el marco legal migratorio. Una de las iniciativas busca sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular de extranjeros, mientras que la otra pretende tipificar como delito el cruce ilegal de la frontera.

El giro en la política migratoria marca una ruptura con el enfoque del gobierno anterior y abre un nuevo escenario de debate en Chile sobre seguridad, derechos humanos y control de fronteras, en un contexto de fuerte presión migratoria en la región.


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