El Gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha expulsado a 222 religiosos, incluyendo a 91 monjas, en el contexto de la crisis sociopolítica que afecta al país desde abril de 2018.

Así lo denunció este martes la organización humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más, en un informe que alerta sobre la creciente represión y violaciones a la libertad religiosa en la nación centroamericana.

Según el informe titulado «Libertad religiosa, persecución a laicos», entre enero y abril de 2024, el Gobierno sandinista obligó a 34 sacerdotes nicaragüenses a abandonar el país.

Esta cifra no incluye a los siete clérigos enviados al Vaticano la semana pasada. Además, la ONG señaló que al menos 52 personas religiosas y sus familiares han quedado en situación de apatridia de facto.

El Colectivo, conformado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, Costa Rica, denunció que el régimen de Ortega ha intensificado el hostigamiento contra laicos y líderes religiosos. Las agresiones documentadas incluyen detenciones arbitrarias, ataques directos a figuras religiosas, estigmatización y mensajes de odio en los pronunciamientos oficiales.

Desde 2021, más de 420 organizaciones cristianas han sido canceladas en Nicaragua, incluyendo la reciente eliminación de Cáritas de la Diócesis de Matagalpa. Además, se han confiscado al menos 22 medios de comunicación religiosos, siendo uno de los más recientes Radio María, cuya última transmisión ocurrió el 9 de julio de 2024.

El informe también reveló que al menos 21 pastores evangélicos han sido forzados al exilio, y otros tres pastores fueron impedidos de ingresar al país. Además, al menos 22 religiosos nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, incluyendo a destacados críticos del gobierno como Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.

Las relaciones entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia Católica en Nicaragua atraviesan momentos de gran tensión, caracterizados por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambas partes. La situación sigue generando preocupación en la comunidad internacional y entre defensores de derechos humanos.

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