Amnistía– El abogado defensor de David Castillo, Juan Carlos Sánchez Cantillano, informó que la amnistía es aplicable para su representado porque cumple los requisitos para ser beneficiado.

La defensa de David Castillo solicitó a las autoridades de justicia que conocen su caso que este sea favorecido con la aplicación del decreto de amnistía porque, según indicó el análisis del decreto 4-2022, que realizó, es aplicable.

Sánchez Cantillano, dijo: “Bajo esas circunstancias, se ha solicitado en este caso al Tribunal que conoce su causa para efectos, de que previo los requisitos desde el punto de vista procesal deban de reunirse, tome en este caso la decisión de su aplicación”.

Además, afirmó que el Tribunal de Sentencia, cuando analice los planteamientos y revise los documentos, otorgará el sobreseimiento definitivo.

El abogado defensor apuntó que su cliente es un ciudadano hondureño que cuenta con los mismos derechos, obligaciones y la posibilidad de hacer uso de la Amnistía.

Por otra parte, Sánchez Cantillano, argumentó que David Castillo fue interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009).

Seguidamente, manifestó que tras la destitución de “Mel” Zelaya, su cliente (David Castillo) sufrió una persecución del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y hostigamientos de las Fuerzas Armadas.

Por lo que a criterio del abogado de David Castillo, la causa por “Fraude sobre el río Gualcarque” es una causa política.

Es importante recordar que David Castillo es acusado por la presunta comisión de los delitos de fraude y uso de documentos falsos en el caso “Fraude sobre el río Gualcarque”.

Ya que el caso consiste en la otorgación irregular de un contrato a una empresa para utilización de recursos hídricos del río Gualcarque para un proyecto de una represa hidroeléctrica.

Dato

David Castillo, era el expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), quien fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras.

Castillo era un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y presidía la hidroeléctrica DESA que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medio ambiente.

Por lo que el tribunal concluyó que Cáceres fue asesinada por liderar la campaña para detener la construcción de la presa, lo que generó retrasos y pérdidas financieras para la empresa.

Hasta ahora se había condenado a siete personas por ser los actores materiales pero en esta ocasión se incluye a un alto ejecutivo.

El tribunal tuvo en cuenta los mensajes y llamadas que David Castillo intercambió tanto con los sicarios como los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de la activista.

Las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen, sentenció el tribunal.

Castillo se había defendido alegando que era amigo de Cáceres, pero el tribunal concluyó que Castillo mantuvo ese contacto solo para obtener información sobre su paradero y sus movimientos.

Según la sentencia, Castillo es “coautor” del asesinato lo que anima a los activistas a perseguir a la familia Atala Sabla, dueña de DESA, a quienes consideran culpables de estar al frente de la “estructura criminal que dirigió el asesinato”.