WASHINGTON, D.C. — Un tribunal federal propinó este viernes un revés significativo al plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump, al bloquear la ampliación del procedimiento de “expulsión acelerada” de migrantes indocumentados en Estados Unidos.

La jueza Jia Cobb, del Distrito de Columbia, suspendió la aplicación extendida de esta política, que permitía expulsar rápidamente a migrantes sin comparecencia ante un juez, incluso si llevaban hasta dos años viviendo en el país.

El procedimiento de expulsión acelerada, originalmente limitado a personas detenidas cerca de la frontera y que habían ingresado en las dos semanas anteriores, fue ampliado por la administración Trump a todo el territorio nacional desde enero. La jueza Cobb consideró que esta extensión vulnera el derecho al debido proceso, protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución.

“El gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente no tienen derecho a ningún proceso… Si esto fuera cierto, no solo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro”, escribió Cobb en su fallo.

Fundamentos constitucionales

La jueza, nombrada por el expresidente Joe Biden, aclaró que no cuestiona la legalidad del procedimiento en zonas fronterizas, pero sí su aplicación generalizada sin garantías mínimas. Citó el principio constitucional de que “nadie será expulsado sin la posibilidad de ser oído”.

La decisión representa un obstáculo para una de las promesas centrales de la campaña de Trump: deportar a millones de migrantes indocumentados. Su administración ha enfrentado múltiples desafíos judiciales por intentar acelerar procesos sin respetar derechos fundamentales.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones pro migrantes celebraron el fallo como una victoria para la justicia y los derechos humanos.