El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria adoptó este jueves una nueva postergación de la audiencia en la que evaluará el pedido de prisión preventiva contra la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, asilada en México, por una denuncia de presunta corrupción.

El juez Raúl Justiniano, a cargo de esta sala de la Corte Superior Nacional, resolvió reprogramar la audiencia de variación de la comparecencia simple dictada contra Paredes a prisión preventiva por 28 meses para el próximo lunes 22 de mayo a las 15.30 horas locales (20.30 GMT).

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La decisión del magistrado responde al pedido de los abogados de Paredes, de dos de sus hermanos y otros implicados, para tener más tiempo para revisar los más de 200 nuevos elementos de convicción agregados al expediente por el Ministerio Público.

Justiniano concluyó que el pedido es «atendible» a fin de «no vulnerar el derecho de los investigados» a ejercer su defensa, además de que ninguno de los investigados se encuentra actualmente detenido.

Tanto el fiscal del caso Jorge García, como los abogados, declararon su conformidad con la postergación de la audiencia hasta el próximo lunes.

Esta semana, el juez había postergado también la audiencia debido a «algunas incongruencias en los alegatos» de la Fiscalía referidos a la numeración de los folios.

En su exposición previa, el fiscal García había asegurado que Paredes realizó una «fuga y huida» de Perú «para refugiarse indebidamente en un país extranjero» bajo «argumentos falaces» de una persecución política.

En marzo pasado, Justiniano rechazó un primer pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva a Paredes, tras declarar «fundada la nulidad» del pedido fiscal, que fue presentada por los abogados de la ex primera dama y sus hermanos Walter y David, investigados por presunta colusión y organización criminal.

En ese momento, el juez dijo que la Fiscalía debió solicitar primero que se revoque la orden de comparecencia simple dictada a los investigados antes de pedir directamente la prisión preventiva.

La esposa de Castillo y sus hermanos son investigados por la presunta organización criminal que, según la denuncia, dirigió el ahora exgobernante para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.

El pasado 7 de diciembre, tras intentar dar su fallido golpe de Estado, Castillo emprendió camino hacia la Embajada de México con su esposa y sus hijos menores de edad, pero fue detenido, aunque sus familiares sí lograron llegar a la representación diplomática y luego recibieron el asilo otorgado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El exmandatario permanece desde entonces en prisión preventiva mientras es investigado por rebelión y conspiración, así como por los casos de presunta corrupción al interior del Ejecutivo durante su Gobierno. (swissinfo.ch)

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