La justicia francesa condenó este miércoles en apelación al expresidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) a tres años de prisión, incluyendo uno de obligado cumplimiento, por corrupción y tráfico de influencias en el caso de las «escuchas».Los magistrados impusieron la misma pena que en primera instancia en marzo de 2021.

Tres años de prisión de los cuales uno es de obligado cumplimiento por corrupción y tráfico de influencias. Es la condena confirmada que la justicia francesa ha impuesto a Sarkozy por el llamado “caso de las escuchas” y que el mandatario ya había recibido previamente en primera instancia en marzo de 2021. El exmandatario se convierte así en el primer expresidente de la V República condenado a prisión firme aunque aún puede recurrir a la Corte Suprema y además, el año en firme, lo podrá cumplir con brazalete electrónico en régimen de libertad vigilada.

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El caso de las escuchas, uno de los varios procesos judiciales que atañe a Sarkozy, se remonta a inicios de 2014 y en él convergen otros de los casos en los que el exmandatario se ha visto envuelto. Por aquel entonces, la justicia investigaba a Sarkozy por el caso Bettencourt por abuso de debilidad de la heredera de L`Oréal, por el que fue finalmente exonerado. Sarkozy quería entonces que los tribunales anularan la incautación de sus agendas presidenciales y para recuperarlas, interpuso un recurso ante el Supremo. Inquieto por el recurso y por el desarrollo del caso, Sarkozy pidió a su amigo y abogado Thierry Herzog que usase su amistad con el fiscal Gilbert Azibert para obtener información sobre el ambiente en el tribunal y probablemente, influir en su decisión.

Sarkozy y su abogado se comunicaban a través de una línea telefónica secreta registrada bajo el falso nombre de Paul Bismuth.

Pero los jueces, que investigaban a Sarkozy por el caso de la financiación libia de su campaña de 2007, dieron con esa otra línea fuera del radar y la pincharon.  Ahí fue cuando los magistrados descubrieron que Sarkozy planeaba ofrecer al fiscal un impulso en su carrera a través de una candidatura en el Consejo de Estado de Mónaco a cambio de ayudarle con sus agendas. La defensa de Sarkozy siempre alegó que las escuchas fueron ilegales y que no había pruebas en las conversaciones telefónicas de dicho intercambio de favores.

 Además, los abogados denunciaron que las citas leídas durante el juicio extraídas de las grabaciones estaban fuera de contexto. En ellas se escucha a Sarkozy decir frases como “yo me ocupo porque voy a Mónaco y veré al príncipe” en referencia a Alberto II. 

En este último juicio pudieron escucharse las grabaciones en vivo. Pero además, Sarkozy ha alegado en su defensa que ese presunto intercambio de favores nunca se efectuó: ni el fiscal obtuvo la plaza en Mónaco ni Sarkozy ganó el recurso por sus agendas. Los jueces, cuando le condenaron por primera vez, recordaron que basta la intención de cometer dicho delito, independientemente del resultado, y subrayaron la gravedad al tratarse de un jefe de Estado.

Este caso no es el único que tiene pendiente Sarkozy. A partir de noviembre de este año también será juzgado de nuevo por el caso Bygmalion, que también le valió un año de prisión firme en primera instancia por haberse beneficiado de una financiación oculta que le permitió prácticamente doblar el tope del gasto impuesto por la ley francesa durante su campaña de reelección en las presidenciales de 2012 en las que fue derrotado por el socialista François Hollande.

En total, la campaña de Sarkozy gastó casi 43 millones de euros, frente a los 22,5 millones de euros autorizados por la ley electoral francesa para un candidato que superara la primera vuelta. Los fiscales del caso reconocen que la investigación no demostró que Sarkozy estuviera involucrado directamente. Sin embargo, argumentan que el exmandatario se benefició del plan y debe haber sido consciente de ello.

 Aunque Sarkozy es el primer expresidente condenado a prisión firme, a su predecesor en el cargo, el también conservador Jacques Chirac (1995-2007), se le impusieron dos años de prisión con suspensión de pena por contrataciones ficticias de empleados cuando era alcalde de París. (rfi)

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