La mayoría de los 81 acusados en el macrojuicio iniciado este lunes en España contra una banda acusada de introducir cocaína procedente de Sudamérica pactó reducciones de pena a cambio de confesar los hechos, entre ellos la conocida como la Reina de la Coca.

Este juicio contra la banda de Los Miami es el de mayores proporciones de los celebrados hasta ahora en la sede de la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares, cerca de Madrid, para el que se han tenido que adaptar tres salas.

De los 81 acusados, 58 alcanzaron ese acuerdo al inicio del juicio en el que la Fiscalía Antidroga les acusa de introducir entre 2007 y 2011 en España al menos siete toneladas y media de cocaína.

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Fruto del pacto con el fiscal, Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, que se enfrentaba a una petición de 39 años y nueve meses de prisión, verá reducida la condena que finalmente se le imponga, al haber reconocido tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Cameno es la única acusada que está en prisión en España pues cumple 16 años de cárcel por la distribución de centenares de kilos de cocaína.

El fiscal atribuye a Cameno un papel «sobresaliente» y cree que montó un «gigantesco» laboratorio clandestino en una finca cerca de Madrid, en el que trabajaban cuatro profesores de Bioquímica de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Su exmarido, David Vela, para quien se pedía la misma pena, también verá reducida la condena al confesar estos mismos delitos.

Entre los acusados se encuentra uno de los presuntos cabecillas de la organización, Artemio López Tardón, para quien el fiscal pide 46 años y seis meses de cárcel.

Su hermano Álvaro no se sienta en el banquillo ya que cumple una condena de 150 años de prisión por estos hechos en Estados Unidos.

A ambos se los conoce como Los Miami y la Fiscalía calcula que su familia habría obtenido «un mínimo de casi dos docenas de millones de euros en metálico» que ocultó presuntamente en «zulos» dentro de su «lujosa» vivienda.

Una hermana suya, que se enfrentaba a una petición de 13 años de prisión, sí ha pactado con el fiscal, al confesar que cometió blanqueo de capitales.

Aunque el juez procesó a 92 personas, el escrito del fiscal se dirige contra 81, al encontrarse varias de ellas fuera del alcance de la Justicia o porque no se han localizado.

Entre los acusados figuran españoles, colombianos y estadounidenses, entre otros, por supuestos delitos por tráfico de droga, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, falsedad, falsificación de moneda o tenencia ilícita de armas.

Antidroga destacó la magnitud de esta «complejísima» y «descomunal» organización y el juez que investigó el caso cifró en 20 millones de euros sus beneficios en 2009 y 52 millones en 2010. (infobae)

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