La resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tuvo que ser votada por petición de la delegación cubana, se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra (los de China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones, y prorroga por dos años más las investigaciones de un grupo de expertos sobre violaciones a las libertades civiles en Nicaragua.

El Grupo de Expertos de la ONU, formado por el alemán Jan Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago, denunció en su último informe -presentado en la actual sesión del Consejo- que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.

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La sociedad civil considera que el trabajo de este equipo de expertos, que están documentando de forma rigurosa las violaciones de los derechos humanos e intentando establecer responsabilidades, es esencial para el propósito de que en algún momento se haga justicia a las víctimas.

Entre otras de las cuestiones que más preocupan a la comunidad internacional, y que quedaron plasmadas en la resolución, figura la cuestión de las detenciones arbitrarias y otras formas de intimidación para reprimir la disidencia, así como la completa impunidad en torno a estos hechos.

ONU insta a garantizar independencia de la Justicia

El texto aprobado insta al Gobierno nicaragüense a tomar medidas para garantizar la independencia del sistema de justicia, de las autoridades electorales, así como de las fuerzas de seguridad, poniendo fin a su injerencia en estas entidades, la que se ha hecho evidente con la reclusión y expulsión del país arbitrarias de jueces y otros funcionarios.

Sobre el retiro el pasado febrero de la nacionalidad a más de 300 críticos del gobierno y el destierro de más de 220 de ellos, el Consejo reclamó a Ortega que respete los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la nacionalidad.

Pidió que ofrezca las condiciones para que aquellos que lo deseen puedan regresar, «sin temor a nuevas represalias».

Mencionó en particular el caso de la defensora de los derechos indígenas, Alexa Alfred Cunnningham, a quien el pasado febrero se le impidió -por orden del gobierno- retornar a Nicaragua tras haber participado en Ginebra en una reunión de un grupo de expertos de la ONU del que forma parte.

El Consejo también ha exhortado a Nicaragua a que coopere plenamente con la Oficina de Derechos Humanos y todos los órganos de la ONU que trabajan en esta área, permitiendo sobre todo que entren al país y que visiten centros de detención sin restricciones. (dw)