El gobierno de Venezuela intensificó los «ataques al espacio cívico y democrático» para «silenciar la oposición o crítica» al Ejecutivo de Nicolás Maduro, indicó una misión de la ONU en un informe divulgado este miércoles.

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La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó las acusaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2023, y concluyó que tiene «motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias» en ese periodo.

Además, los expertos registraron 28 casos de tortura u otros tratos crueles contra personas detenidas, incluyendo 19 casos de violencia sexual.

Un panorama «especialmente alarmante», pues Venezuela celebrará elecciones presidenciales en 2024, para las que fueron inhabilitados la exdiputada opositora María Corina Machado y los también líderes opositores Henrique Capriles y Freddy Superlano.

La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.

En su nuevo informe, el grupo subraya que desde principios de 2021 recibió «menos acusaciones de violaciones graves de derechos humanos contra personas opositoras al gobierno o percibidas como tales».

Pero este tipo de incidentes «continúan cometiéndose […], recientemente […] de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos», afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.

«La estructura represiva del Estado no se ha desmantelado», subraya el grupo.

El informe acusa al Estado de recurrir a «amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura» para «sofocar a la oposición».

– Mecanismos «duros y blandos» –

«En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social», dijo Francisco Cox, experto de la misión.

Patricia Tappatá Valdez, otra experta, denunció la «actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales» que «coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos».

Según los expertos, existe una continuidad entre las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), disueltas en 2021, y la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), creada en julio de 2022.

«La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos», señaló Valiñas.

En un informe anterior, la misión documentó la participación de las FAES «en detenciones arbitrarias» de personas críticas al gobierno.

Nicolás Maduro fue reelegido en 2018 en unos comicios boicoteados por la oposición y no reconocidos por muchos países, como Estados Unidos.

En 2019, Washington y una parte de la comunidad internacional reconocieron a Juan Guaidó, líder de la oposición y que se autoproclamó presidente interino.

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La oposición venezolana puso fin en enero a esta presidencia interina al estimar que no había cumplido sus objetivos de cambio político. (lanacion)

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