El expresidente de EE.UU. y precandidato a las elecciones de 2024 Donald Trump tiene este martes una cita con la justicia en Miami para ser notificado de las 37 acusaciones que un gran jurado le imputó por supuestamente haber retenido y ocultado documentos secretos en su casa de Florida.

De los 37 cargos de los que debe responder, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.

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Los otros son por conspiración para obstruir la justicia, ocultación de manera «corrupta» de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación federal, plan para ocultar y declaración y representación falsas.

Según el documento de 49 páginas que recoge la acusación, los delitos más graves que se imputan a Trump, como obstrucción a la justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares (232.500 euros) y los menos graves, como conspiración para ocultar, con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.

La investigación, que lidera el fiscal especial Jack Smith, se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en Mar-a-Lago, la casa de Trump en Palm Beach (Florida), por agentes del FBI.

Encontraron más de 11.000 documentos oficiales, entre los cuales había un centenar catalogados como secretos o «ultrasecretos».

MAR-A-LAGO, UN ESCONDITE DE DOCUMENTOS SECRETOS

El acta de acusación dice que había documentos relacionados con el «armamento nuclear en Estados Unidos» y las «capacidades nucleares de un país extranjero».

También hallaron documentos de sesiones informativas de inteligencia de la Casa Blanca, incluidos algunos que detallan las capacidades militares de Estados Unidos y otros países.

Los fiscales alegan que Trump mostró ese material a personas que no tenían autorizaciones de seguridad para revisarlos y posteriormente trató de ocultarlos a sus propios abogados cuando ellos intentaron cumplir con las exigencias federales de encontrar y devolver documentos.

Mar-a-Lago «no era un lugar autorizado para el almacenamiento, la posesión, la muestra o la discusión de documentos clasificados», dice el acta que detalla los cargos.

La semana pasada un gran jurado reunido en los tribunales federales de Miami que desde mediados de mayo escuchó a los testigos llamado por la Fiscalía y conoció las pruebas recabadas por el equipo de Smith determinó que Trump fuera acusado de los 37 cargos penales que este martes le notificará el juez Jonathan Goodman.

Este juez no es el que se encargará del caso de Trump, una tarea que ha recaído en la jueza Aileen Cannon, nacida en Colombia y nombrada precisamente por el expresidente, quien alega ser inocente y atribuye la acusación a una «gran caza de brujas» lanzada por el presidente actual de EE.UU., el demócrata Joe Biden.

Cannon recibió críticas por su manejo del caso en la fase inicial, concretamente por haber aprobado una petición de los abogados del expresidente para que fuera un perito especial el que revisara los documentos oficiales hallados en Mar-a-Lago.

El Departamento de Justicia ganó una apelación en contra de esa decisión, así que el perito nombrado por ella, Raymond Dearie, tuvo que dejar su tarea en diciembre pasado sin concluirla.

Junto a Trump, que va a estar acompañado de los abogados Chris Kise y Todd Blanche, será acusado Waltine Nauta, un asistente militar de los tiempos de su Presidencia (2017-2021) que fue visto moviendo cajas con documentos oficiales en Mar-a-Lago.

SUS OTROS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA

El fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación, dijo el viernes, cuando se desprecintó el expediente, que la ley se aplica a todo el mundo y que buscará un juicio rápido «de acuerdo con el interés público y los derechos de los acusados».

También le pidió al público que lea el documento de la acusación para comprender «el alcance y gravedad de los delitos imputados».

La Fiscalía alega que Trump «se esforzó por obstruir las investigaciones del FBI y del gran jurado y ocultar la retención de documentos clasificados».

Este nuevo procesamiento, el primero que afronta ante la justicia federal un presidente o expresidente de EE.UU., sigue a la imputación de Trump en un tribunal no federal de Manhattan (Nueva York) por los pagos presuntamente irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

En esa causa está imputado de 34 delitos en relación con los 130.000 dólares que pagó a Daniels durante la campaña presidencial del 2016 para ocultar la relación sexual que habían tenido diez años antes. El juicio está fijado para marzo de 2024.

Trump es además investigado por su actuación en vísperas a la toma del Capitolio por una turba de seguidores suyos el 6 de enero de 2021 con el fin de impedir que el Congreso certificara la victoria de Joseph Biden en las elecciones de 2020, que, según el expresidente, fue un «robo». (swissinfo.ch)

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