La Fiscalía de Estados Unidos presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una acusación en la que señala al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de liderar una operación criminal dedicada al tráfico de cocaína. El documento sostiene que Maduro, junto con altos funcionarios de su gobierno y familiares cercanos, dirigió una “campaña implacable de tráfico de cocaína” hacia Estados Unidos.

En la acusación se afirma que “durante más de 25 años, los dirigentes de Venezuela abusaron de sus cargos públicos y corrompieron instituciones legítimas para introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos”. Por estos señalamientos, Maduro y su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, comparecerán ante la justicia estadounidense, luego de ser capturados y trasladados a Nueva York, EE. UU., este sábado 3 de enero.

«Al igual que el expresidente Hugo Chávez, ha impulsado y sostenido una cultura de corrupción que ha permitido a las élites venezolanas enriquecerse mediante el narcotráfico y la protección de sus aliados criminales. Las ganancias de estas actividades ilícitas fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, en un sistema clientelar encabezado por las más altas esferas del poder, conocido como el cartel de los Soles», señala EE. UU.

El texto también detalla mecanismos que, según la Fiscalía, habrían sido empleados para facilitar estos envíos, incluidos vuelos con cobertura diplomática y el uso de pistas clandestinas.

El escrito judicial describe la existencia de alianzas del cartel de los Soles con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles como el de Sinaloa y Los Zetas, ahora llamados cartel del Noreste.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro

Entre los nombres que aparecen en el expediente figura el de Flores de Maduro Según la acusación, Flores forma parte del círculo cercano implicado en la red criminal.

«En el 2007, Flores de Maduro aceptó cientos de miles de dólares para facilitar una reunión entre un narcotraficante y Néstor Reverol Torres, director de la Oficina Nacional Antidrogas. El narco acordó pagar sobornos mensuales y US$100 mil por vuelo para garantizar el paso seguro. Parte de esos pagos fueron para Flores de Maduro. Reverol fue acusado en el 2015 en Nueva York y está prófugo», añade el documento.

Agrega que, entre el 2004 y el 2015, el presidente venezolano y su esposa traficaron cocaína que había sido incautada por las fuerzas de seguridad del país sudamericano.

«Usaron colectivos armados para proteger la operación. Ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos de deudores, incluso la muerte de un jefe narco en Caracas», indica.

Flores de Maduro fue presidenta de la Asamblea Nacional cuando Maduro Moros se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores. Además, fungió como fiscal general de Venezuela y fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra: paquetes en vuelos y contenedores

El expediente menciona que Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario y conocido como “El Príncipe”, visitó frecuentemente la isla de Margarita, en Venezuela, entre el 2014 y el 2015.

«El Príncipe visitaba la isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon propiedad de la empresa estatal de petróleo de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S. A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la asistencia de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta que el capitán entendía que eran drogas», indica la acusación.

El hijo del presidente estaba presente mientras se cargaba el avión, y en una ocasión declaró que esa aeronave podía ir a donde quisiera, incluso a Estados Unidos, afirma el documento.

Añade que, en el 2017, Maduro Guerra envió “cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela a Miami” y sostuvo conversaciones para organizar un envío de 500 kilogramos de cocaína, que serían descargados de un contenedor cerca de esa ciudad. El escrito señala que, en algunos casos, se usaron “contenedores de chatarra para contrabandear cocaína en los puertos de Nueva York”.

Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas

Dos familiares más de Maduro, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, también son mencionados en la acusación. El documento sostiene que ambos pactaron “despachar varios cientos de kilogramos de cocaína” desde instalaciones aéreas oficiales y que, en reuniones grabadas por la DEA, explicaron que buscaban “reunir 20 millones de dólares en ganancias de drogas para apoyar la campaña de Flores de Maduro”.

«Durante reuniones grabadas con las fuentes, Campo Flores y Flores de Freitas explicaron que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos, describieron el cartel de los Soles, discutieron una conexión con un ‘comandante de las FARC’ e indicaron que buscaban recaudar US$20 millones en ganancias de drogas para apoyar una campaña de Flores de Maduro», detalla.

Las escuchas demuestran que Campo Flores se refirió al presidente como su «padre» y declaró que quería que Maduro retomara el control de la Asamblea Nacional.

En el 2016, ambos familiares del mandatario fueron condenados en juicio en este distrito por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.

Diosdado Cabello y el tránsito de cocaína

El ministro del Interior y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, es señalado por la acusación como uno de los coordinadores de la red. El texto sostiene que Cabello estuvo involucrado en envíos de cocaína desde el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía.

«Este tráfico de drogas ha enriquecido y consolidado a la élite política y militar de Venezuela, incluidos el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón», detalla.

La investigación de EE. UU. indica que, entre el 2003 y el 2011, mientras Cabello ocupaba varios cargos públicos, Los Zetas, en alianza con narcos colombianos, enviaron contenedores con hasta 20 toneladas de cocaína desde puertos venezolanos a México y, finalmente, a Estados Unidos, con protección de militares venezolanos conocidos como “los generales”.

En el 2006, más de 5.5 toneladas de cocaína fueron enviadas a México en un avión DC-9 desde el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, coordinado por Cabello, Hugo Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, y Vassyly Villarroel Ramírez.

«A pesar de los sobornos, el avión fue incautado al llegar a Ciudad del Carmen, México. Luego, los traficantes pagaron US$2.5 millones a Cabello para evitar represalias contra quienes colaboraron en Maiquetía», comenta.

A criterio de EE. UU., Cabello es uno de los funcionarios más poderosos de ese país sudamericano. Fue jefe de Gabinete de Chávez en el 2001, vicepresidente en el 2002, gobernador del estado Miranda entre el 2004 y el 2008, y presidente de la Asamblea Nacional entre el 2012 y el 2016. Además, entre el 2017 y el 2020, presidió la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, creada para despojar de poder a la Asamblea Nacional y reforzar el régimen de Nicolás Maduro.

Sobre su papel, la acusación indica que Cabello “viajó regularmente a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera Colombia‑Venezuela para asegurar el continuo paso seguro de la cocaína en territorio venezolano”.(Prensalibre.com)

Por Centroamérica

Los fiscales estadounidenses señalan que los cargamentos salían de aeropuertos clandestinos en Venezuela, muchos de ellos bajo el control de militares corruptos, y eran enviados vía aérea o marítima hacia puertos y pistas no controladas en Centroamérica.

En Honduras, se utilizaban pistas ilegales en zonas rurales para reabastecer aviones o redirigir cargamentos hacia el norte.

En Guatemala, la cocaína era almacenada temporalmente en bodegas protegidas por autoridades locales antes de su envío hacia México.

En Nicaragua, la red se apoyaba en contactos políticos y estructuras estatales para mover droga sin interferencia, según testimonios recogidos por agencias federales.

Corrupción, impunidad y beneficios políticos

El informe denuncia que funcionarios en los países centroamericanos recibían sobornos y participaban en el transporte, encubrimiento y distribución de la cocaína, asegurando el paso seguro de los cargamentos y obteniendo beneficios económicos y políticos.

Este esquema fortaleció a grupos como el Tren de Aragua, que expandió su influencia hacia el norte, operando también en el Istmo centroamericano. Esta organización criminal venezolana ahora tiene presencia documentada en países como Guatemala y Nicaragua, especialmente en áreas fronterizas.

Expertos señalan que esta revelación aumenta la presión sobre los gobiernos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, al evidenciar la infiltración del narcotráfico venezolano en estructuras locales. Además, resalta la urgencia de cooperación internacional para desmantelar rutas que siguen activas.

Las acusaciones no solo buscan castigar a los responsables, sino también exponer una red de corrupción transnacional que ha erosionado las democracias de la región y potenciado la migración, la violencia y la impunidad.