El gobierno de Nicaragua ha dado un giro drástico en su control sobre iglesias y organizaciones no gubernamentales (ONG), imponiendo nuevas medidas que incluyen la obligación para las entidades religiosas de pagar impuestos a la renta y el cierre de 151 ONGs.

Estas acciones se producen en un contexto de represión que se intensificó tras las protestas de 2018.

Según una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, firmada por el presidente Daniel Ortega, se ha derogado la exención fiscal previa para iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas, estableciendo que ahora deberán pagar impuestos de hasta el 30% sobre sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado al cierre del año.

El anuncio también incluye la cancelación de la inscripción de 151 ONGs, muchas de ellas dedicadas al comercio. Este cierre se suma a la reciente disolución de 1.500 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría religiosas. La oposición en el exilio ha calificado estas medidas como una agresión directa contra la sociedad civil.

Desde las protestas contra Ortega en 2018, que dejaron más de 300 muertos según informes de la ONU, el gobierno ha anulado aproximadamente 5,300 organizaciones, argumentando que muchas de estas ONGs y la Iglesia católica apoyaron las protestas.

Ortega y su esposa Rosario Murillo han afirmado que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado orquestado por Washington.

El pasado viernes, Nicaragua también implementó una normativa controvertida que obliga a las ONGs a colaborar exclusivamente con entidades estatales, un movimiento que se alinea con el endurecimiento de políticas similares en Venezuela, aliado cercano de Ortega.

La experta en temas de la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, ha afirmado que el gobierno busca «ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso».

José María Tojeira, portavoz de los jesuitas cuya universidad fue confiscada, denunció que el gobierno está intentando «destruir toda posibilidad de religión y de iglesia» para consolidar un pensamiento único dependiente del poder de Ortega y Murillo.

El cierre de las ONGs y la imposición de impuestos han sido condenados internacionalmente. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, y el ex candidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga han denunciado estos actos como parte de una represión sistemática bajo el régimen de Ortega.

La ONU ha calificado el cierre de las 1,500 ONGs y la confiscación de sus bienes como «profundamente alarmante,» marcando un nuevo y oscuro capítulo en la represión del gobierno de Ortega, quien ha gobernado Nicaragua desde 2007 y antes lo hizo en la década de 1980 como exguerrillero.