El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha comenzado a aplicar impuestos a las ofrendas y diezmos que reciben las iglesias, sin importar su denominación, como parte de una reforma realizada en agosto del año pasado a la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822).

Esta medida ha generado controversia al eliminar exenciones fiscales históricamente otorgadas a las organizaciones religiosas.

Según lo detallado por el diario La Prensa, el 21 de agosto de 2023, el gobierno nicaragüense modificó la legislación tributaria mediante una derogación silenciosa que eliminó las exenciones impositivas para las iglesias.

La reforma también incluyó cambios en el marco regulatorio de las organizaciones sin fines de lucro, lo que permitió al gobierno ajustar las reglas fiscales para estas entidades.

Fin de una exención histórica

Hasta antes de esta reforma, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria establecía que las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas con personalidad jurídica estaban exentas del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes destinados exclusivamente a fines religiosos.

Sin embargo, con la nueva disposición, esta protección fiscal fue eliminada, dejando a las iglesias sujetas a tasas impositivas de entre 10% y 30%, dependiendo de sus ingresos anuales.

Los ingresos afectados incluyen principalmente los diezmos y ofrendas, que representan la principal fuente de financiamiento para muchas congregaciones religiosas en el país. Este cambio significa que las iglesias deberán declarar estos recursos y pagar impuestos sobre ellos, algo que no habían enfrentado en la historia tributaria de Nicaragua.

Reacciones y preocupaciones

La medida ha generado preocupación entre las comunidades religiosas, que argumentan que los diezmos y ofrendas son donaciones voluntarias de los fieles destinadas exclusivamente a actividades espirituales y sociales, como programas de ayuda humanitaria, educación y asistencia a personas vulnerables.

El diario La Prensa destacó que esta decisión forma parte de un paquete más amplio de reformas que busca aumentar los ingresos fiscales del gobierno, pero también refleja una tendencia creciente de control estatal sobre instituciones tradicionalmente independientes, como las iglesias y las organizaciones sin fines de lucro.

Contexto político y económico

El gobierno de Ortega ha enfrentado críticas internacionales por su manejo autoritario y la represión de voces disidentes, incluidas organizaciones religiosas que han sido señaladas de oponerse al régimen.

En este contexto, algunos analistas ven la medida como un intento de debilitar económicamente a las iglesias, que históricamente han desempeñado un papel clave en la sociedad nicaragüense.

Además, la reforma ocurre en un momento en que Nicaragua atraviesa una profunda crisis económica, marcada por sanciones internacionales, la salida de inversiones extranjeras y una contracción del sector productivo.

El gobierno ha justificado estas medidas como necesarias para aumentar los ingresos fiscales y garantizar la estabilidad presupuestaria.

Impacto en las congregaciones

Las iglesias han expresado su preocupación por cómo esta medida podría afectar su capacidad para mantener sus actividades y proyectos comunitarios. Muchas congregaciones, especialmente en zonas rurales, dependen casi exclusivamente de los diezmos y ofrendas para sostener sus operaciones y brindar servicios básicos a sus comunidades.

Al quedar sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta, las iglesias enfrentan una carga financiera adicional que podría limitar su alcance social y obligarlas a reducir programas de asistencia. Algunos líderes religiosos han pedido al gobierno reconsiderar esta medida, argumentando que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población.

Un precedente inédito

La decisión de gravar los ingresos de las iglesias marca un precedente inédito en la historia de Nicaragua y refleja un cambio significativo en la relación entre el Estado y las instituciones religiosas.

Mientras el gobierno insiste en la necesidad de ampliar la base tributaria, las iglesias y sus seguidores ven esta medida como un ataque a la libertad religiosa y un obstáculo para su labor social.

El futuro de esta polémica medida dependerá de cómo evolucione la relación entre el gobierno y las comunidades religiosas, así como de la presión nacional e internacional que pueda surgir en respuesta a esta reforma. Por ahora, las iglesias nicaragüenses se preparan para cumplir con sus nuevas obligaciones fiscales mientras evalúan cómo mitigar el impacto en sus actividades.