El gobierno de Panamá concedió este jueves un salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli para que viaje a Nicaragua, país donde se encuentra asilado en la embajada desde hace poco más de un año, tras refugiarse allí para evitar una condena de prisión por blanqueo de capitales.

Martinelli, un multimillonario de 73 años que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, ingresó a la misión diplomática nicaragüense el 7 de febrero de 2024, días antes de que se emitiera una orden de captura para cumplir una sentencia de 10 años y ocho meses de cárcel. El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, informó que el exmandatario podrá trasladarse «prontamente» a Nicaragua, gracias al salvoconducto solicitado por el gobierno de Daniel Ortega. El documento, vigente desde este jueves, tiene una «vigencia improrrogable» que expira el 31 de marzo de 2025.

«Este asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por razones estrictamente humanitarias, ya que le permitirá continuar su defensa en condiciones más favorables y acceder, en libertad, a tratamiento médico ambulatorio que mejore su calidad de vida», afirmó Martínez-Acha, aludiendo a los problemas de salud que Martinelli ha reportado.

El expresidente, aliado cercano del actual mandatario José Raúl Mulino, ha estado bajo escrutinio desde la embajada, donde decenas de periodistas aguardan en las afueras, en el norte de la capital panameña, mientras sus abogados evalúan si abandonará el país. Mulino, quien asumió el poder en mayo de 2024 con el respaldo de la popularidad de Martinelli, autorizó el salvoconducto tres meses después de expresar molestias ante Nicaragua por la actividad política del exmandatario desde la sede diplomática, en violación de las normas del asilo.

Reacciones divididas: ¿Impunidad o humanitarismo?

Antes de refugiarse, Martinelli lideraba las encuestas para las elecciones de mayo de 2024, pero al ser inhabilitado designó a Mulino como su reemplazo en la candidatura presidencial. Desde la embajada, apoyó la campaña de Mulino —su exministro de Seguridad— con videos y publicaciones en redes sociales, mostrando su día a día: desde ejercicios físicos hasta visitas al dentista.

La decisión del gobierno ha desatado opiniones encontradas en Panamá, donde Martinelli conserva apoyo por el auge económico asociado a su gestión. Sin embargo, críticos como la politóloga Sabrina Bacal lamentaron en X que «ganó la impunidad, nuevamente». El analista José Stoute instó al gobierno a solicitar «de inmediato» una circular roja de Interpol para evitar que Martinelli «abandone el país libremente», mientras el exdiputado Juan Diego Vásquez calificó el salvoconducto como «un saludo a la bandera de la impunidad», insistiendo en que el expresidente debería estar en prisión.

Nicaragua, que en los últimos años ha acogido a figuras como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes (fallecido) y Salvador Sánchez Cerén, acusados de corrupción, se consolida como refugio para exmandatarios con problemas legales. Además del caso de blanqueo, Martinelli enfrenta acusaciones por recibir sobornos de Odebrecht, un escándalo que llevó a dos de sus hijos a cumplir penas en Estados Unidos, país que le prohibió la entrada a él y su familia.

Un historial de controversias

Tras dejar el poder en 2014, Martinelli se juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano, pese a haberlo calificado de «cueva de ladrones». En 2015, se instaló en Miami, pero fue extraditado a Panamá en 2018 por espionaje político. Pasó tiempo en prisión y luego en arresto domiciliario, siendo absuelto en un juicio en 2021. Ahora, con el salvoconducto en mano, su futuro en Nicaragua abre un nuevo capítulo en su polémica trayectoria.