Colombia vivió una agitación política luego de que manifestantes afines al Gobierno bloquearon el acceso al Palacio de Justicia en Bogotá, en protesta porque la Corte Suprema no ha elegido a la nueva fiscal general, que reemplazará a Francisco Barbosa quien termina su periodo y es acusado por el presidente Gustavo Petro de querer sacarlo del poder.

CLÍCK AQUÍ PARA RECIBIR NOTICIAS

Petro, que en los últimos días ha convocado a movilizaciones en defensa de su Gobierno, ha acusado a Barbosa de promover una «ruptura institucional» y un supuesto «golpe de Estado», al tiempo que ha urgido a la Corte Suprema para que elija al sucesor del fiscal, que acaba su periodo el próximo lunes.

Para contrarrestar esas supuestas conspiraciones, el mandatario convocó en los últimos días manifestaciones de sus seguidores que fueron encabezadas hoy por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), investigada por la Fiscalía por un presunto aporte de dinero a la campaña presidencial de Petro en 2022 que no fue declarado.

Como en la votación de hoy ninguna de las tres candidatas al cargo, postuladas por Petro, obtuvo los 16 votos necesarios en la Corte Suprema, la vicefiscal Martha Janeth Mancera, que también tiene graves diferencias con Petro, que la relaciona con presuntos encubrimientos a mafias, quedará encargada de la Fiscalía a partir del próximo martes, hasta que sea elegida la sucesora de Barbosa.

Esa indefinición llevó a manifestantes que estaban en la Plaza de Bolívar a bloquear los accesos al Palacio de Justicia para impedir la salida de los magistrados, que finalmente fueron sacados del edificio horas después por la Policía, cuya intervención ordenó el propio presidente.

CLÍCK PARA VER EN  YOUTUBE NUESTROS RESÚMENES DE NOTICIAS 

«Me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. El tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país», afirmó el mandatario en X.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que ante el fracaso del diálogo para desalojar a los manifestantes, «se pasó a intervenir para desbloquear los accesos y garantizar la libre circulación de los magistrados».

Condena generalizada

El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, condenó en duros términos el «bloqueo violento e ilegal» contra el Palacio de Justicia, acto que consideró «inaceptable».

«La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la república situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país», manifestó el magistrado.

Por eso, exigió «al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas».

El asedio fue condenado por líderes políticos y económicos, algunos de los cuales pidieron no olvidar la sangrienta toma, el 6 y 7 de noviembre de 1985, del Palacio de Justicia por guerrilleros del M-19, en el que militó Petro, que concluyó con una violenta retoma del Ejército, con el resultado de 94 muertos, entre ellos 11 magistrados, decenas de heridos y 11 desaparecidos.

El expresidente César Gaviria (1990-1994) culpó directamente a Petro de lo sucedido por promover las manifestaciones de hoy.

«Los actos en que está incurriendo el Gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales, inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, no solo se salió del Estado de Derecho sino que estará incurriendo en actos criminales», manifestó Gaviria, quien acusó al mandatario de «un comportamiento dictatorial» que «raya en lo criminal».

«Incitar a protestas contra los poderes independientes para presionar sus decisiones es una amenaza directa al orden institucional», manifestó por su parte el expresidente Iván Duque (2018-2022) en su cuenta de X.

En el mismo tono se manifestó el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), quien aseguró que «el cerco violento a la Corte Suprema de Justicia y la pasividad cómplice del Gobierno de Gustavo Petro son el más grave atentado a la Justicia desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19».

Respeto a las instituciones

La presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, reclamó «con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros», al tiempo que deploró «los ataques, la violencia y los insultos» que según dijo, solo retardan la toma de decisiones.

También se pronunciaron organizaciones económicas, como el Consejo Gremial, que expresó su «rechazo vehemente a los actos violentos y vandálicos contra la Corte Suprema de Justicia».

«No son aceptables ningún tipo de presiones pasivas o activas a las cortes y jueces para afectar sus decisiones. La independencia de las decisiones de las ramas del poder público, en especial la de la Justicia, es la base de la protección de los derechos de todos los colombianos, y del respeto de la Constitución y las leyes», indicó.

La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, declaró: «Las manifestaciones son expresiones válidas dentro de la democracia», pero «no deben afectar los derechos de los ciudadanos que no comparten sus objetivos y menos constituirse en presiones a poderes independientes». EFE