Venezuela busca conseguir recursos por distintas vías. Con ese objetivo, la Asamblea Nacional aprobó recientemente la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (ZEE), un instrumento pretende ampliar los ingresos del país y alentar la «independencia económica», según argumentan sus defensores.

Más allá de que la norma fuera aprobada en consenso por la bancada del Gobierno y la oposición (con el voto negativo de los diputados comunistas), la normativa establece condiciones para un régimen fiscal excepcional que es visto con escepticismo por ciertos sectores.

No obstante, la prioridad del Gobierno es clara: apuntalar la recuperación y diversificación de la economía para contrarrestar el severo régimen de sanciones impuesto por EE.UU. y la Unión Europea contra Caracas, que ha afectado por años a su aparato productivo.

¿Por qué el gobierno busca recursos?

Las sanciones impuestas contra Venezuela y la caída del precio del petróleo en el mercado internacional provocaron que el país perdiera el 99 % de sus ingresos en divisas. El Banco Central de Venezuela (BCV), que reportó en 2013 ingresos superiores a los 56.600 millones de dólares, comenzó a registrar desde 2014 y hasta el 2020 una disminución continuada de estos recursos.

En 2014, los ingresos fueron de 39.600 millones de dólares, pero el año siguiente apenas llegaron a 13.500 millones. El peor registro llegó en 2020, cuando los aportes de las empresas estatales sumaron solo 477 millones.

Solo para ubicar la magnitud de las pérdidas, el país dejó de percibir en 2020 unos 56.000 millones de dólares, al compararse con los ingresos registrados por el BCV en 2013. Por ejemplo, esa cifra es superior los 50.000 millones aprobados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) «para acabar con la pandemia» mundial de covid-19.

¿Qué son las ZEE?

Las ZEE son espacios geográficos regulados por el Estado venezolano que cuentan con regulaciones especiales para su actividad, lo que puede resultar atractivo para la inversión extranjera porque se ofrecen incentivos de diverso orden (legislativos, tributarios, etc).

Estos espacios suelen ubicarse en puertos, aeropuertos, fronteras, lugares con yacimientos de recursos naturales, zonas industriales e incluso empresas especializadas.

Con su puesta en marcha, el gobierno busca que las inversiones que se generen en las ZEE ayuden a diversificar la economía, desarrollar la industria, abastecer el mercado nacional y aumentar las exportaciones, con miras a disminuir la dependencia casi exclusiva de la industria petrolera.

El economista, diputado y presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del parlamento venezolano, Jesús Faría, ha explicado en varias oportunidades que las ZEE no son sinónimo de libre mercado ni un territorio para aplicar «teorías neoliberales», sino que funcionarán como «motores» para transformar la economía venezolana y promover la mejora de la infraestructura, la vialidad y los servicios en las regiones donde estén ubicadas.

El caso venezolano toma en cuenta proyectos desarrollados previamente por países como China, Vietnam, Singapur y Corea del Sur, que también tuvieron problemas para acceder a divisas y se vieron obligados a diversificar la exportación y la inversión industrial para reactivar su aparato productivo, reparar el déficit y salir del estancamiento.

Cuáles son las críticas

Aunque el Gobierno defiende la urgencia de acceder a más divisas, el proyecto de las ZEE no está exento de críticas. El diputado Oscar Figuera, dirigente comunista, explicó en declaraciones a Tribuna Popular —medio de comunicación del PCV— que su bancada no había respaldado la ley en el Parlamento porque la consideraba un «instrumento contrario a la soberanía nacional y popular».

Para Figuera, la normativa es «una nueva amenaza» porque «crea las condiciones para establecer áreas bajo control del gran capital transnacional», a través de los regímenes especiales, que implican no solo exenciones tributarias sino la «flexibilización y desregularización de las relaciones laborales en perjuicio de las y los trabajadores».

El diputado del PCV calificó la norma como «un nuevo pacto de élites», una postura que su partido ha mantenido desde que comenzaron los debates parlamentarios sobre la ley en 2021.

Por otro lado, el Gobierno insisten en que ese instrumento permitirá «restituir, fortalecer y consolidar, la necesaria seguridad jurídica para la inversión pública, privada y mixta, nacional e internacional», según palabras del presidente Nicolás Maduro a mediados del año pasado, cuando se aprobó la normativa en primera discusión.

Según el mandatario, la entrada en vigencia de la norma solo tiene en la mira «el impulso de la vida económica» del país. Ya en otras oportunidades, Maduro había adelantado que la negociación no sería fácil, porque no se trataba de una «ley para complacencias», sino un instrumento «para poner los carriles de un nuevo modelo de desarrollo nacional».

Tras aprobarse la ley, el diputado Ramón Lobo, explicó al medio estatal VTV que las ZEE son espacios geográficos delimitados territorialmente que «buscan atraer inversión para desarrollar potencialidades y convertirlas en productos y servicios con mayor valor agregado», a través de «la diversificación de la economía», para cubrir la demanda interna y obtener ingresos en divisas a través de la exportación.

Lobo aseguró que la ley también ofrece el «equilibrio» que necesita el país, en función de «un resultado de ganar-ganar», pues facilita la acción del Ejecutivo «para sortear la situación de guerra no convencional, de guerra económica y bloqueo comercial» que enfrenta el país.

¿Qué falta para que entre en vigencia?

Aunque la ley ya ha sido aprobada por la mayoría de los parlamentarios que integran el Poder Legislativo, aún falta que las autoridades gubernamentales definan cuántas, cuáles y en donde se ubicarán las primeras ZEE, una vez entre que la normativa entre en vigencia.

En Venezuela hay varios estados que las autoridades han sugerido como opciones para crear las ZEE. La mayoría de ellos está ubicados en regiones costeras, fronterizas o con fácil acceso a importantes zonas industriales.

Tras ser sancionada por el Poder Legislativo, la Ley Orgánica de las ZEE fue remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que la máxima instancia judicial analice el reglamento y verifique su constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Carta Magna venezolana.

Si el Poder Judicial, que tiene 10 días para emitir su decisión después de recibir el documento, considera que el texto legal no vulnera la Constitución venezolana y aprueba su carácter orgánico, la norma pasará a manos del Ejecutivo, que también debe dar su visto bueno en un plazo no mayor a 180 días para que entre en vigencia.(actualidad.rt.com)